La monarquía parlamentaria es la forma política del Estado por voluntad constituyente de los españoles, que así lo decidieron al respaldar mayoritariamente la Constitución de 1978. Este sistema político encomienda la Jefatura del Estado a un monarca, titular de la Corona, cuyas funciones vienen determinadas por la norma constitucional y su ejercicio está sometido al refrendo del Gobierno. La transmisión hereditaria de la Jefatura del Estado se configura como la preservación de la más alta magistratura estatal frente a las disputas partidistas y su subordinación a los dictados de los poderes políticos. Según los resultados de la última entrega de la encuesta de GAD3 para ABC, los españoles siguen confiando en la monarquía parlamentaria como el modelo preferido para el Estado. Es la opinión del 58% de los encuestados, netamente superior al 36% que se decantan por una forma republicana, que se concentra en el segmento de población más joven (53%) y de ideología izquierdista (64%, frente al 32%). Los porcentajes mayoritarios entre hombres y mujeres y demás opciones ideológicas (centro, centro-derecha y derecha) son de claro apoyo a esta forma política, lo que garantiza el fracaso de cualquier apuesta por la mutación constitucional de la configuración del Estado. Ese sólido respaldo es inseparable del buen hacer del titular de la Corona, Felipe VI. Y el dato cobra aún más valor cuando se tiene en cuenta que la proyección pública de una monarquía parlamentaria no es decidida unilateralmente por el Monarca, sino que depende esencialmente de las resoluciones del Gobierno. Es este el que determina de forma sustancial la agenda del Monarca, y no solo para su intervención en actos protocolarios –muchos establecidos de forma tasada por la Constitución–, sino para aquellas implicaciones que pueden dar a la Corona un valor añadido en su responsabilidad representativa del Estado y de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. La impecable ejecución por Felipe VI de sus funciones constitucionales explica la opinión favorable que tiene la mayoría de los encuestados sobre la contribución de la Monarquía a la estabilidad de España (el 52%). También es un dato que pone sobre la mesa que la lealtad de los poderes políticos hacia la Corona es condición indispensable para el buen funcionamiento del engranaje constitucional. Cuando un Gobierno quiere velar o mutilar la presencia del Monarca, o bien propicia y consiente ataques a su papel constitucional, la monarquía parlamentaria se resiente en su conjunto, no solo en lo que afecta a la Corona. En España, los mensajes antimonárquicos coinciden, en gran medida, con propuestas antidemocráticas, al margen del republicanismo que las anime. La monarquía parlamentaria representa, en el escenario de las democracias occidentales, la opción por un sistema democrático liberal, respetuoso y defensor de las libertades y los derechos de los ciudadanos, asentado en la realidad de un cuerpo nacional soberano y único. Quien no crea en la igualdad de los españoles como titulares de derechos y deberes, ni en la unidad política y territorial de la nación española, obviamente estará actuando contra la monarquía parlamentaria que encarna esos valores de progreso y modernidad. Los españoles, según la encuesta de GAD3, están sabiendo discernir entre el ruido y la realidad y entienden que la mejor historia de España se está produciendo con esta forma política, enfrentada a los retos de los cambios generacionales que afectan a todas las monarquías parlamentarias y, especialmente, a los embates del revanchismo, el separatismo y el totalitarismo.
