Los representantes de los bloques progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantendrán una última reunión antes del Pleno previsto para este lunes, a las 17 horas, para tratar de consensuar el nombre del presidente del órgano después de un intenso fin de semana de conversaciones que acaba sin acuerdo. Con el Pleno de esta tarde irán ya cinco destinados a nombrar al máximo representante del órgano de gobierno de los jueces que también ostentará la presidencia del Tribunal Supremo. En la reunión que tendrá lugar cinco horas antes, a las 12 horas, según trasladan fuentes del Consejo de jueces a ABC, estarán los ocho vocales que han integrado la comisión negociadora desde que surgieron las discrepancias en el primer Pleno del 30 de julio, un mes y cinco días después de ser nombrados y tomar posesión de sus cargos. Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Esther Erice representarán al bloque progresista, mientras que Alejandro Abascal, José Antonio Montero, José María Páez e Isabel Revuelta irán en nombre del bloque conservador. Para tratar de llevar un nombre que convenza a ambas partes y represente tanto al propio CGPJ como a la carrera judicial y al Alto Tribunal, los citados partirán del listado inicial de siete nombres que se pusieron sobre la mesa en la primera reunión después de su nombramiento y del que posteriormente fueron eliminando candidatos. Ese listado lo componen Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas, Pilar Teso y Ana Ferrer. Precisamente el grupo de vocales nombrados por el PSOE insistió en las reuniones de la comisión negociadora celebradas entre julio y agosto (las últimas, por videoconferencia, este sábado y domingo) en que la presidenta debía ser Pilar Teso o Ana Ferrer, con el argumento de que una mujer debía ocupar la presidencia de la cúpula del Poder Judicial, a lo que los conservadores reprocharon repetidamente que no se trata de que quieran una mujer al frente del órgano sino que imponen uno de esos dos nombres, dos magistradas de conocida tendencia progresista. En las últimas reuniones, el nombre de Ferrer ha ganado apoyos en detrimento de Teso como propuesta final del bloque progresista. El bloque conservador, que puso sobre la mesa el nombre del progresista Pablo Lucas como el que podría aunar el consenso de los veinte representantes una vez se descartaron los cuatro nombres (dos hombres y dos mujeres) que propusieron ellos, se mantiene en que no aceptará la imposición de Ferrer o Teso. Ante ese callejón sin salida en el intento de negociación, la reunión previa al Pleno se presenta como la vuelta al punto inicial, con el listado de los siete magistrados del Tribunal Supremo sobre la mesa. Antes, sobre las 10 horas, los cuatro representantes de cada bloque se han citado también de manera independiente para conversar antes de la reunión conjunta. Los nombramientos que dependen de la propuesta del presidente que se elija, como son el del vicepresidente del Tribunal Supremo, el secretario general, el vicesecretario general o el promotor de la acción disciplinaria, también han copado el protagonismo de las últimas reuniones, puesto que el bloque conservador sólo estaría dispuesto a ceder en la presidencia si tiene la seguridad de que el perfil elegido «sabrá elegir» a las personas más indicadas para dichos puestos «de suma importancia». Y no son los únicos. También les preocupa quién acabe al frente del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del órgano. Los vocales nombrados por PSOE (10) y Partido Popular (10) llegan sin novedad -a pesar de muchas discusiones de sus representantes en las últimas semanas- a la reunión inmediatamente anterior a un Pleno muy próximo al inicio del curso judicial. El jueves tendrá lugar la tradicional apertura en el Tribunal Supremo, presidida por el Rey, y la falta de acuerdo se presenta una vez más, salvo buenas noticias en las próximas horas, en el protagonista de un CGPJ recién renovado después de cinco años de tiras y aflojas entre los vocales de las dos tendencias y de falta de acuerdo entre PSOE y PP, que consiguieron llevar al órgano a su récord sin renovación. La carrera judicial reclama ahora a los vocales recién nombrados que elijan con independencia y responsabilidad.
