Apenas ha arrancado el curso político y la oposición en Galicia ya ha dejado clara qué carta jugará este otoño para intentar desgastar al gobierno autonómico. Después de tratar de sacar rédito, para atacar a la Xunta, de un informe del Consello de Contas que cuestionaba el modelo de contrato elegido para construir el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo , o de azuzar las protestas en contra de la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo), ahora la munición se llama Sogama. La empresa pública subirá de 78 a 108 euros lo que cobrará a los concellos por cada tonelada de residuos que gestione. Y tanto en las filas del PSdeG como en las del BNG están intentando aprovecharlo. Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) es una empresa de titularidad compartida entre la Xunta (51%) y Gas Natural Fenosa (49%) que se encarga de procesar los residuos que se generan en la mayoría de los ayuntamientos gallegos. En una carta enviada recientemente a sus consejeros, a la que ha tenido acceso ABC, el presidente de Sogama, Javier Domínguez, explicaba que no les queda más remedio que decretar esa subida de cara a 2025 por la «situación económica insostenible» de sus cuentas, con unas pérdidas de 18 millones de euros en el anterior ejercicio, consecuencia de varias «decisiones unilaterales» tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo central ha puesto en marcha desde 2023 nuevos tributos relacionados con la gestión de residuos que «están perjudicando las cuentas de Sogama», según su presidente. Por eso, Domínguez dice que para «paliar» esa situación, y tras haber estudiado «diferentes alternativas», a la empresa no le queda otra opción. En la misma misiva, dice que el coste del tratamiento por tonelada de residuos a Sogama le costará 39 euros más por tonelada. Un sobrecoste que Sogama decidió en el último año asumir «en solitario», pero ahora, en un «ejercicio de responsabilidad», se ve en la obligación de subir el canon que cobra a los concellos hasta 108 euros por tonelada, 30 euros más. Pero la oposición, en su afán de intentar desgastar a la Xunta y a su presidente, Alfonso Rueda, no atiende a todas estas explicaciones y culpa a la administración autonómica sin contemplar más matices. El viernes, por ejemplo, salió en tromba la diputada socialista Paloma Castro para acusar a la Xunta y a Sogama de «mentir» sobre los motivos de la subida y para asegurar que la «única justificación» de la misma es que la empresa pública «mantenga los beneficios millonarios». La diputada socialista admite que esos 39 euros de subida que debe afrontar Sogama es por un impuesto que recoge la ley de residuos y suelos contaminados del Gobierno central, pero añade que responde al cumplimiento de una directiva europea que grava una forma de gestión de residuos «altamente contaminante, que es la que se realiza en Galicia». «Insistimos a Alfonso Rueda que tienen que avanzar hacia una gestión más sostenible, en vez de hacer recaer en los ayuntamientos, y por lo tanto en los vecinos, las consecuencias negativas de su actual gestión», añadió la diputada. A las críticas se han sumado algunos alcaldes socialistas y nacionalistas. El regidor vigués, Abel Caballero, en su enésimo intento de construir un relato victimista basado en el supuesto menosprecio de la Xunta hacia la ciudad olívica, calificó la subida del canon de «estafa». Caballero sacó el viernes del maletín la brocha gorda para asegurar que «Rueda está esquilmando a Vigo» y «solo piensa en Vigo para llevarse el dinero de la ciudad». Tampoco perdió la oportunidad para arremeter contra la Xunta la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, a quien la subida le parece «escandalosa» y «desproporcionada», estimando que a las arcas de la capital gallega le supondrán un gasto cercano al millón de euros más al año. Este domingo, en declaraciones a ABC, el presidente de Sogama ha respondido a nacionalistas y socialistas insistiendo en que la subida del canon es «un ejercicio de responsabilidad, viabilidad y sostenibilidad» de la propia empresa, tras una serie de decisiones «unilaterales» del Gobierno de Sánchez en materia impositiva. Y reprocha a la oposición que ahora ponga el grito en el cielo tras haber callado cuando tuvieron la oportunidad de presentar alegaciones contra la nueva normativa estatal. Entonces, la Xunta llamó a las entidades municipalistas, presididas por alcaldes socialistas, y éstas «miraron para otro lado». «Por eso me sorprenden esas declaraciones tan abruptas que están haciendo ahora los alcaldes del PSOE y del BNG, cuando fueron ellos quienes aprobaron la ley con sus votos», incide Domínguez. «Se equivocan a la hora de señalar al culpable. La Xunta, Sogama, los concellos y los ciudadanos somos las víctimas de esta situación, y el único culpable es el Gobierno central, con sus decisiones e imposiciones», valora a este diario el presidente de Sogama, que apunta una solución que parece improbable: «Si el Gobierno central anula los nuevos impuestos creados, mañana mismo Sogama podría volver a restablecer el canon anterior».
