El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado «contraviene la doctrina existente» y que supone una «injusticia intrínseca». Según una información recogida por Europa Press y que ha podido confirmar ABC en fuentes de la Abogacía del Estado, este organismo presentó este pasado jueves, en representación del presidente del Gobierno, un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicitaba la ampliación de la querella por prevaricación interpuesta a finales de julio. La reacción del líder del Ejecutivo se produce después de que el pasado 22 de agosto el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acordase que las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pudiesen acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio. Fue ese día de julio cuando Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En concreto, se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está «dispensado de la obligación de declarar». El juez Peinado rechazó la petición de la Fiscalía de no dar acceso a las partes -entre las que figuran Manos Limpias y Vox- a la declaración grabada del presidente al considerar que la grabación «carece de cualquier utilidad, material o procesal». «A fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente, entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse», reclamaba entonces el fiscal. Asimismo, el magistrado sostuvo en su carta que del «silencio» de Sánchez se pueden extraer «conclusiones». Ante este carrusel de acontecimientos, la Abogacía del Estado ha ahondado en el escrito presentado esta semana que «lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales».
