El empresario Juan Carlos Barrabés ha presentado un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Juan Carlos Peinado del pasado 22 de agosto que se tradujo en tres jornadas de entrada y registro en su domicilio y la sede de sus empresas y la incautación de su teléfono móvil en el hospital donde se encuentra ingresado. Denuncia desproporción y falta de motivación en la medida. El escrito, al que tuvo acceso ABC, pide al tribunal que revoque aquella decisión porque considera que los indicios que la sustentaba son fruto de «un juicio de inferencia ilógico y arbitrario» que no avala una injerencia tan grave en los derechos del empresario como lo es una entrada y registro. «Motivar, no es plasmar en el Auto, con un copia/pega, distintas y fundadas resoluciones judiciales», señala. El juez, como desveló ABC, adoptaba la decisión en busca de pruebas directas de los delitos que investiga considerando que ya tenía indicios suficientes para sospechar de una relación entre las fechas en que Barrabés conoció a Begoña Gómez y el acceso de su grupo empresarial a distintas fuentes de contratación pública. Partía en concreto de las reuniones entre el empresario y Gómez de las que él dio cuenta en su declaración como de su participación como docente en una titulación de la cátedra extraordinaria que dirigía ella. De fondo, los informes de la UCO de la Guardia Civil que enlistaban toda esa contratación pública sin arrojar a priori indicios de irregularidad. «Realmente produce sonrojo que se pueda plasmar en una resolución judicial como indicio para proceder al sacrificio de un derecho fundamental como el de la inviolabilidad del domicilio, una serie de indicios carentes de la más mínima justificación «, argumenta la defensa de Barrabés, a cargo de Javier Sánchez-Junco. En cuanto a la diligencia en sí, denuncia que el auto habilitaba a «incautarse de cuantos objetos o efectos pudieran relacionarse directamente con la supuesta comisión de los delitos», lo que a su parecer significa ordenar una incautación « de una manera absolutamente genérica « propia de una investigación »prospectiva«. »Spretende incautar «todo» lo relacionado con un supuesto delito del que no existe el más mínimo indicio de su comisión«, alega. Añade a este hecho que la diligencia abarcase intervenir los dispositivos que tuviera Barrabés en su poder en el hospital, «lo que es realmente asombroso por la falta de consideración y humanidad que ello comporta«, y que implicó dejar al empresario sin teléfono con el que comunicarse. «Por si lo anterior no fuera suficiente -prosigue-, debemos destacar que, además, se están practicando diligencias sobre hechos que presumiblemente no son competencia del Juzgado al tratarse de fondos europeos cuya competencia ha sido asumida por la Fiscalía Europea . Sostiene que la intención de Peinado es «buscar» algo en lo que justificar la continuidad de la causa.
