Los máximos asumidos por el Gobierno en la ley de Paridad , que transpone la Directiva Europea 2022/2381 para un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas, están generando un caldo de incertidumbre y cierta preocupación entre los máximos órganos de dirección de las grandes empresas de nuestro país. El motivo está en que la normativa aprobada a comienzos de agosto -que ya ha copado titulares por el error que incorpora en las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores- lleva a cabo una extensión de los parámetros de paridad que se establecen en dicha directriz comunitaria elevando sus exigencias a los cuerpos de alta dirección , más allá de los consejos de administración. Y se aplica...
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