El Ejecutivo autonómico valenciano de Carlos Mazón echa un pulso al Gobierno de Pedro Sánchez y ya ha anunciado por boca de su portavoz, Ruth Merino, que no negociará la derogación de tres « leyes de la vergüenza «, tal como las ha llamado la ministra de Ciencia, Diana Morant , en su ofrecimiento de diálogo realizado este sábado. En declaraciones a los medios en Valencia, Morant ha anunciado que el Gobierno central iniciará próximamente los «trámites de diálogo» con el Consell de la Generalitat Valenciana para abordar los «conflictos» y las « colisiones « de esas tres leyes con normas «internacionales, estatales o con la propia Constitución», antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC). En cualquier caso, ha advertido de que hará todo lo posible porque no entren en vigor. La también secretaria general del PSPV-PSOE ha concretado que los servicios jurídicos del Ejecutivo han detectado esas contradicciones en esos textos legislativos recientemente aprobados, por lo que chocan con otras normativas. En primer lugar, ha especificado, con la «mal llamada» ley de 'concordia' por vulnerar «los derechos humanos y fundamentales de las víctimas del franquismo «. En cuanto a la de ' libertad educativa ', por «infringir el derecho a ser educado y a la enseñanza en una de las lenguas oficiales, que es el valenciano», a pesar de que la elección de idioma vehicular la tienen las familias. Y sobre la tercera y última, el a su juicio «mal llamado» decreto de simplificación administrativa , dado que «colisiona con leyes estatales como la de Costas», al permitir edificar más cerca del mar. La ministra ha mostrado la intención del Gobierno de iniciar este «proceso de diálogo», aunque ha avanzado que, en caso de no resultar «fructífero», interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional . Al respecto, ha apuntado que existe el «antecedente» con el Gobierno de Aragón, donde el TC «suspendió la entrada el vigor de la ley aragonesa de concordia como medida cautelar». Tras conocer este posicionamiento, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha considerado «vergonzoso» que el Gobierno de España «desprecie continuamente a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana» al no respetar su capacidad de autogobierno y, al contrario, quiera «imponer su visión para contentar a Bildu y a los radicales que le sostienen». Para Merino, «vergüenza es la que le falta al Gobierno de Sánchez, que no respeta la capacidad de autogobierno de los valencianos, o la policía lingüística en los centros educativos de la Comunitat», ha añadido la dirigente autonómica, jugando con las palabras pronunciadas por la ministra y aludiendo a una de las normativas derogadas del anterior mandato. Merino se ha preguntado qué problema tiene el Gobierno con recordar a las víctimas del terrorismo que la Ley de Memoria Histórica del anterior Consell no reconocía. «Esta ley abandona la memoria histórica selectiva de la izquierda y amplía los derechos a la totalidad de las víctimas», ha recordado. «Que no les quepa duda: desde el Gobierno del cambio de Carlos Mazón vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía y nuestra libertad por encima de todo. Recuperaremos todo lo perdido en los últimos años, poniendo siempre en el centro de nuestras políticas los derechos y las libertades de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana», ha concluido la consellera. Otra reacción al órdago de Morant amenazando con los tribunales ha venido desde las filas populares. La portavoz adjunta del PPCV en Les Corts Valencianes, Nieves Martínez , ha expresado su «firme rechazo « a la » intervención « del Gobierno de España en las leyes aprobadas por el Parlamento autonómico, unas normas que ha defendido que han sido »elegidas democráticamente por los ciudadanos para legislar en defensa de sus intereses«. No obstante, ha hecho también un llamamiento al »diálogo«, pero »sin imposiciones«. Martínez ha insistido en que estas leyes forman parte de los compromisos electorales del PPCV liderado por Carlos Mazón, «el proyecto que mayoritariamente votaron los valencianos en mayo de 2023», por lo que las ha defendido. «Parece que a la oposición le molesta que el PP cumpla con su programa electoral en el primer año de gobierno, porque pone en evidencia su propia incapacidad para cumplir promesas durante los años del Botànic«, ha considerado. Además, ha subrayado que la soberanía de la Comunitat Valenciana «reside en Les Corts, que han sido elegidas democráticamente por los ciudadanos para legislar en defensa de sus intereses». Por ello, ha advertido al Gobierno central de que debe «respetar lo que se aprueba en nuestro parlamento autonómico, sin interferir en la voluntad de los valencianos». En este contexto, Martínez ha defendido que las tres normas son «positivas para la ciudadanía» porque «fomentan la convivencia, amplían los derechos y libertades de todos los valencianos y facilitan el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana».
