El juez instructor de la causa contra el 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha visto obligado a emitir dos providencias dirigidas a los Mossos y al Ministerio del Interior pidiendo explicaciones sobre el dispositivo aprobado en ambas instituciones para dar cumplimiento a la orden de detención nacional emitida por el magistrado en cuanto Carles Puigdemont pisase territorio español, como el mismo fugado había anunciado, con esa jactancia tan al gusto del separatismo, previamente con fecha, lugar y hora, sabedor –sospechamos– de que nada malo le iba a pasar. La nueva y sonrojante fuga en un acto televisado, en el centro de Barcelona –decíamos ayer en esta página– no sólo supuso la humillación del Estado ante un procesado en rebeldía, sino que fue la constatación de la guerra abierta contra el Tribunal Supremo una vez que Sánchez ya eligió 'bando' hace tiempo cuando decidió convertirse en socio de referencia de los separatistas en su propósito de romper España. Primero los indultos, luego la amnistía y ahora la presunta connivencia en esta segunda fuga. Las explicaciones de los responsables políticos y operativos de los Mossos resultaron muy cercanas a lo patético con una sucesión de excusas rayanas en lo peregrino y que en ningún caso sirven para entender cómo es posible que Puigdemont eludiera su detención ante 300 agentes de la policía autonómica: que si se puso un sombrero, que si luego lo cambió por una gorra como la de Rull, que si una silla de ruedas, que si Junts hizo un «muro humano» que impidió su apresamiento... Pero al menos, les honra el salir a dar 'sus' explicaciones, cosa que no ha hecho el Gobierno, que se ha limitado a descargar toda la responsabilidad en el fiasco de los Mossos, cuando ni el CNI ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional parece que recibieron orden alguna al respecto en cuanto entrase por la frontera. El sanchismo parece haber asumido el concepto de 'lawfare' de sus socios independentistas, de tal forma que cuando a Sánchez, sus ministros o sus diputados no les gusta lo que hacen o dicen los jueces en las providencias o autos que emiten no solo no colaboran con los magistrados (¿cómo es posible que Puigdemont cruzara el paso fronterizo una o dos veces, dado que aún hoy se desconoce su paradero?) sino que incluso les atacan, como ha quedado de manifiesto con la 'cacería' dispuesta por parte del Ejecutivo contra el juez que investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Así entiende Sánchez la proverbial independencia de la justicia y la separación de poderes, pilares de cualquier Estado de derecho que se precie como tal. Una vez que ha tomado el control total, casi asfixiante, de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional (trufado de excolaboradores directos de Sánchez en La Moncloa), ahora pretende que todo el estamento judicial baile al son que marca su acción de gobierno. Parafraseando al hoy presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, en su época de fiscal general en la era del zapaterismo, Sánchez pretende que las togas se manchen con el polvo del camino, aunque para ello haya (como ocurrió el otro día en Barcelona) que mirar para otro lado, o simplemente no mirar por el cabal cumplimiento de la ley, ante la que todos los españoles deben ser iguales, como bien dicta la Constitución. Lo ocurrido en el Arco del Triunfo de Barcelona y la reacción posterior de los responsables de este enorme y grave fiasco son síntomas de nuevo –como ayer apuntaba el procesalista Jesús Zarzalejos en estas páginas– de un Estado ausente.
