La juez del juzgado Mixto nº2 de Calatayud (Zaragoza) anuló ayer a Aragón la tutela de uno de los menores del centro de acogida de menores de Ateca. En concreto de la menor de 16 años, que sufrió los delitos cometidos por cinco trabajadores de la organización, encarcelados por abuso y maltrato. En el auto, dictado por la juez Aida Ramírez, se revoca la tutela del menor, antes asumida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). La decisión, corroborada por el Ministerio Fiscal y la Delegación de Gobierno de Aragón, establece que al no al no apreciarse «óbices o circunstancias negativas que impidan la devolución de la custodia del menor a su progenitora» procede a revocar la tutela al gobierno aragonés y devolverla a la madre. La juez explica que en el marco de la instrucción penal se investiga la comisión de delitos de «torturas, integridad moral, agresión sexual y pertinencia a grupo criminal» cometidos por los trabajadores del centro de atención de menores. La menor tutelada por el centro «expresó la voluntad» de regresar al domicilio familiar junto a su madre y los demás miembros de su familia. Del mismo modo, la progenitora ha solicitado «la recuperación de la guardia y custodia de la menor» tras la gestión irregular por parte de la organización y la existencia de indicios sobre los delitos cometidos, de los que fue víctima, junto a otros menores. Hasta la fecha, la Guardia Civil ha presentado a la investigación un total de nueve denuncias procedentes de otros padres con menores residentes en el centro, elevando la causa a once. Paralelamente, la juez advirtió a las partes personadas en el procedimiento y familiares de los menores de «diversas filtraciones mediáticas en varios medios de comunicación de alcance local y nacional» relacionadas con datos personales e íntimos de los jóvenes implicados, que en caso de persistir la filtración, se impondrán de «oficio multas sancionadoras y se adoptarán de oficio en las medidas pertinentes». Esta medida fue notificada a todas las partes personadas durante el proceso y al Ministerio Fiscal. La Guardia Civil detuvo el 1 de agosto a cinco trabajadores -dos auxiliares, dos educadores sociales y el director de la institución- del centro de acogida de menores gestionado por Fundación Salud y Comunidad, y concertado con el IASS en Ateca. Los detenidos, quienes han negado los hechos, están siendo procesados tras la denuncia de las madres. La jueza ordenó el ingreso en prisión y sin fianza para los cinco investigados. El pasado jueves el Gobierno de Aragón asumió «deficiencias» en la supervisión del centro de Ateca. Por ello, se procedió a expedientar a la funcionaria responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia. «Cualquier incidencia tiene que ser comunicada y no fue así», explicó Carmen Susín, consejera de Bienestar Social, en una rueda de prensa tras una semana de silencio.
