La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera , ha contestado a un carta de los consejeros de las Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid que el recorte previsible al trasvase Tajo-Segura del que le responsabilizan, en realidad, de momento es culpa del Ayuntamiento madrileño, por no gestionar las ayudas e inversiones estatales para depurar agua. Como la medida fundamental esgrimida por el Gobierno central para intentar calmar a los regantes levantinos que dependen de este acueducto es una inversión millonaria en infraestructuras que puedan paliar las mermas a las transferencias entre ambas cuencas, los dirigentes autonómicos le han reprochado falta de realismo con estos planteamientos. «Unas presuntas opciones alternativas y compensatorias que con toda seguridad no van a estar disponibles en 2O27, que requieren importantísimas subvenciones de mera oportunidad política, inviables a medio y largo plazo, de dudosa legalidad e idoneidad ambiental», han opinado en la misiva que firman Sara Rubira (Murcia), Miguel Barrachina (Valencia), Carlos Novillo (Madrid) y Ramiro Angulo (Andalucía), los tres primeros consejeros y el último secretario general del Agua, en sus autonomías. Hacen referencia así a la apuesta por la desalación en la planta más grande de Europa (en Torrevieja ), con la construcción de una macroplanta solar, así como a subvencionar ese caudal de la desalinización, lo que va en contra de las exigencias comunitarias en Bruselas. En su respuesta, la ministra Ribera desvía el enfoque a otro de los apartados económicos, la mejora de la depuración de aguas en Madrid , que vierte al Tajo. «En cuanto al plan de inversiones actualmente en marcha en las cuencas cedentes (especialmente los proyectos de modernización del saneamiento y depuración de Madrid, actualmente pendientes de la adhesión del Ayuntamiento madrileño al convenio de inversión de los 1.200 millones de euros previstos para las EDAR de la China, Butarque y Sur), y receptora (inversiones en la red de desaladoras de Acuamed principalmente), cuentan con el impulso presupuestario del Ministerio , pero deben contar también con el compromiso de las administraciones en los territorios beneficiarios de las mismas», subraya, en alusión a José Luis Martínez-Almeida. De esta manera, incide en la tesis ya expuesta por algunos dirigentes socialistas de que si llegan caudales de desagüe de la capital de España menos sucios al Tajo , el río necesitará menos caudales ecológicos y habrá más volumen para trasvases al Segura. No obstante, el Gobierno ya se negó a revisar en 2025 la situación del río antes de decidir, tal como había pactado incluso con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, que después recurrió en los tribunales tras ver el cambiazo de última hora en el documento aprobado para el Plan Hidrológico del Tajo, en la Comisión Nacional del Agua. En el intercambio dialéctico de esta carta y su respuesta, surge de nuevo el diálogo de besugos porque los dirigentes de las regiones gobernadas por el PP reiteran que el « incremento de los caudales ecológicos es una decisión poco motivada técnicamente», mientras que la ministra Ribera vuelve a incidir en que los tribunales exigen establecer esos mínimos de agua en el cauce, cosa que nadie cuestiona, sólo que la Justicia no precisa qué cantidad debe ser. En esta ocasión, la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez recuerda que el plan anterior del Tajo, en 2015, se invalidó justamente debido a la ausencia de unos caudales ecológicos, si bien en la práctica, los técnicos siempre han vigilado que el río lleve ese mínimo imprescindible para su mantenimiento sostenible. En definitiva, se trate o no de un precepto sobre el papel, se cumple en el día a día. Más allá de este debate sobre los detalles de explotación del trasvase, la comunicación de las cuatro autonomías resulta dura sin paliativos contra el Ejecutivo y apela también al contexto actual y de futuro con el cambio climático. «En los últimos años, hemos seguido con preocupación la deriva de la política hídrica del Gobierno de España y la afección que ello conlleva en numerosos territorios de nuestro país. Como bien sabe, el agua es un recurso necesario para la vida, para el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestras regiones, especialmente en un momento donde las condiciones climatológicas adversas nos castigan con temperaturas muy elevadas y precipitaciones que no cubren las necesidades», describen.
