Frente al discurso de la 'convivencia' y el 'reencuentro' de La Moncloa, el regreso de Carles Puigdemont a España ha sido orquestado de manera minuciosa como una desafiante exhibición de músculo separatista que desmonta la tesis de la pacificación con que Pedro Sánchez trata de adulterar sus cesiones al independentismo. Después que el PSC se sumara a los nacionalistas y aceptase, el pasado martes, que la detención de Puigdemont retrasaría la investidura de Salvador Illa, legitimando así la anomalía parlamentaria y el relato de la persecución que dicta el separatismo, el Ministerio del Interior tiene el deber de desmarcarse de esta ceremonia de la confusión, hacer cumplir la ley a través de las Fuerzas de Seguridad y evitar que la función diseñada por Puigdemont sea representada en Barcelona según el guion del victimismo, debería ser una obligación. Los agentes al mando de Marlaska no solo cuentan con los recursos para detener de inmediato a un prófugo que desde hace siete años ha de rendir cuentas ante los tribunales, sino para impedir el baño de masas que su equipo de propagandistas ha diseñado para reactivar su imagen de mártir de la persecución en el nuevo 'oasis catalán'. Que el PSC acepte como excepcional el ejercicio de la Justicia quizá forme parte del pacto suscrito con ERC; que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad intervengan, por omisión, en esta farsa no pude tener cabida en un Estado de derecho. En un caso como este, cualquier tolerancia sería complicidad.
