El cruce de descalificaciones, creciente en intensidad, con que ERC y Junts exhiben sus diferencias desde la semana pasada pone de manifiesto el escaso recorrido de la 'pacificación' y el 'reencuentro' que el presidente del Gobierno utilizó como atrezo del escenario político de sus cesiones al separatismo. Los republicanos han llegado a pedir una rectificación pública a Carles Puigdemont, que previamente había acusado a ERC de participar en la guerra sucia y en la 'campaña de desprestigio' desplegada contra el expresidente y prófugo. No están solos los representantes de Junts en su ofensiva contra aquellos con los que hace siete años compartieron la autoría del 'procés': a los reproches de la ANC y Òmnium Cultural, imprescindibles en cualquier revuelta independentista, se suman unos CDR que amagan ya con una movilización callejera contra Salvador Illa. El despecho de Carles Puigdemont, agraviado por el pacto suscrito por el PSC y ERC, y desplazado de una primera línea de la política catalana a la que pretendía volver con mando en plaza, está detrás de un ajuste doméstico de cuentas que no hace sino reflejar el pulso que libran las dos formaciones que lideran el separatismo por sacar partido a su relación de privilegio con Pedro Sánchez y, acto seguido, exhibir su botín ante sus respectivas parroquias. La «resolución del conflicto político» a la que se referían los republicanos en la pregunta formulada el pasado viernes a su militancia equivale al proceso de 'convivencia' y de 'reencuentro' que pregona La Moncloa. Nada hay de eso: ni el nacionalismo quiere resolver un 'conflicto' cuya perpetuación le garantiza una prórroga indefinida de su campaña de extorsiones al Estado, ni Pedro Sánchez confía en una 'pacificación' política cuya contraparte rechaza sin tapujos, haciendo gala de su contumacia para repetir su desafío. Sin nada nuevo que ganar para su causa, sin un aparato del Estado, ya muy debilitado en Cataluña, que romper con sus fracturas territoriales, el separatismo no tendría razón de ser. Tanto al Gobierno como a los nacionalistas que lo sostienen con sus votos les interesa la continuidad de un lento pero imparable proceso de desmantelamiento estatal que los hace cómplices necesarios y socios de la misma empresa. No hay 'convivencia' ni 'reencuentro' en un negocio de venta a plazos del Estado pagada con votos, ya sea para situar a Salvador Illa en la Generalitat catalana o mantener a Pedro Sánchez en el Ejecutivo. El mantra de la 'pacificación' se convierte en el enésimo bulo difundido por una Moncloa que deja para quienes en el futuro asuman la responsabilidad de gobernar España el reto, cada vez más caro, de restaurar el armazón del Estado. Que sean dos las facciones separatistas con las que negocia Sánchez, y que anden a la greña, duplica el precio de una cesión que el Gobierno tiene que firmar por partida doble, en el Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados, donde Junts no va a tardar en cobrarse su resentimiento. No es Sánchez el que extiende el cheque, ni siquiera un PSOE que solo existe ya como marca blanca del jefe del Ejecutivo, sino el conjunto de España. Si el presidente del Gobierno quería garantizar la convivencia, tenía a mano la Constitución como manual de resistencia y marco legal, y también a unos partidos constitucionalistas –PP y Vox– que le hubieran permitido mantener intacto el edificio institucional que socava con su huida hacia adelante y con la entrega a plazos de todo aquello que no hace tanto consideraba innegociable e intocable. Todo formaba parte del mismo bulo. La 'pacificación' se refería únicamente a su propio sosiego.
