Bangladés afronta una nueva etapa política tras la dimisión de su, hasta este lunes, primera ministra Sheikh Hasina , después de unas violentas protestas estudiantiles que se han saldado con más de 300 muertos y 11.000 detenidos. Sheikh Hasina Wazed —76 años—, es la líder del partido político de centroizquierda Liga Awami de Bangladés. A su vez, es hija de Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975), político bengalí, destacado por su papel como fundador del estado de Bangladés quien, asimismo, llegó a liderar el partido en el que hoy milita su hija. Hasina ha sido la primera ministra de Bangladés durante cinco mandatos , cuatro de ellos consecutivos: el primero fue entre 1996 y 2001, donde ganó con más del 37 por ciento de los votos y una participación de casi el 76 por ciento de la ciudadanía. Posteriormente, perdió los siguientes comicios en pos de Jaleda Zia , líder del Partido Nacionalista de Bangladés, con un porcentaje muy similar de participación. En los siete años de impás, Hasina padeció un intento de asesinato mediante un ataque con granadas en el 2004, donde morirían 24 personas y ocasionarían más de 500 heridos, en cambio, a la por aquel entonces opositora solo le provocaría problemas de audición para siempre. Posteriormente, Hasina ganó cómodamente las elecciones de 2008 en las que apenas un 15 por ciento de la población se abstuvo. Desde este punto, cuatro mandatos seguidos han mantenido a Sheikh Hasina en el poder, sorteando diferentes comicios con cada vez menos participación y unos porcentajes de voto a su favor inusualmente elevados. En enero afianzó el poder en lo que parecen ser sus últimos comicios, marcados por un 60 por ciento de abstención y una victoria aplastante, además de represión contra sus opositores, que la califican de autócrata y amenaza para la democracia. De esta manera, el descontento social ha ido germinando y se ha traducido en las protestas estudiantiles que se han saldado finalmente con su dimisión. La razón de su salida reside en los estudiantes que salieron a la calle a protestar contra una medida, suprimida en el año 2018 y recuperada por el Gobierno el pasado junio, heredada de la guerra de independencia. Esta norma garantizaba un sistema de cuotas que reservaba el 30 por ciento del empleo público para familiares de veteranos que participaron en la guerra de liberación de Pakistán. La alta tasa de desempleo juvenil junto a una polémica medida que dificultaba el acceso a un empleo público muy atractivo debido a sus buenas prestaciones, en contra de un empleo privado peor valorado, sacaron a los estudiantes a las calles paralizando un país superpoblado, con más de 170 millones de habitantes, y una economía paupérrima basada en el textil. Sus reclamos comenzaron en la injusticia que sentían a raíz del fallo del Tribunal Supremo que declaró que la supresión de la medida era inconstitucional. Sin embargo, no solo era una cuestión de la injusticia de norma persé, sino que se adoptó, según decían, para f avorecer a un sector que resultaba ser afín al partido que ostentaba el gobierno , con el objetivo de preservar statu quo. El Ejecutivo acabó por reducir las cuotas del 30 al 5 por ciento como respuesta ante las revueltas estudiantiles, pero no fue suficiente para colmar la ira. La violencia continuaba en la calle y el Gobierno optó por la represión : estableció un toque de queda para evitar futuras concentraciones y cortes de internet para dificultar la organización de protestas. No fue suficiente para detener las revueltas. A esta compleja situación se le suma el baño de sangre contra los manifestantes, una preocupante cantidad de manifestantes y policías fallecidos y otros muchos tantos detenidos, un cóctel perfecto para fomentar la ira en el pueblo bangladesí .
