Los sindicatos de la Policía Nacional Jupol y Agrupación Reformista de Policías (ARP) han rechazado este lunes el reciente acuerdo al que han llegado la organización Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para los cursos de formación en desalojos, ya que consideran que puede suponer un «grave perjuicio» para la institución policial y la democracia. En concreto, Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía que se responsabilice de la formación avanzada que los agentes con nivel IV de Defensa Personal Policial puedan necesitar para que no sean los sindicatos los que tengan que hacerse cargo de esa formación. Todo ello, con el objetivo de evitar «injerencias externas no deseables en la formación de los agentes». Según ha expresado la organización sindical mediante un comunicado, el acuerdo entre SUP y Desokupa supone un «grave perjuicio» para la institución policial ya que los agentes recibirán una «formación no homologada y no baremable». En la misma línea se ha pronunciado ARP, que considera que el acuerdo supone una «amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos». Por ello, ha pedido que se revisen las subvenciones del sindicato policial. «Este acuerdo produce en el colectivo y en la sociedad una amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos y al cumplimiento del orden constitucional en el que debe basarse el trabajo de todos los miembros de los cuerpos policiales», ha expresado ARP en una nota. Así, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «revise» las subvenciones que el Ministerio otorga a SUP, ya que «con esas actuaciones» se sitúa «en los márgenes de lo permisible». Para ARP, que una organización como Desokupa, a la que han calificado de «extrema derecha» y de la que han mantenido que «debería ser ilegal», forme a policías «podría introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial». Algo que «pone en entredicho el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y los Principios Democráticos». Así las cosas, ARP ha interpelado al titular de la cartera de Interior pidiéndole que «defienda» la institución policial e impida que se identifique a todos los agentes de la Policía Nacional «con el fascismo más radical y extremo». «No se puede financiar con dinero público o de los propios afiliados ajenos a este acuerdo, actividades contrarias a la convivencia social y el buen hacer de los policías de nuestro país», ha sentenciado el comunicado. Además, ha pedido a los «grupos políticos y sindicales democráticos» que se unan y les apoyen para evitar la «peligrosa deriva».
