La soltura de Pedro Sánchez en la comparecencia en la que la semana pasada hizo balance de su gestión durante los últimos meses dio una clave fundamental sobre el pacto suscrito con Esquerra Republicana de Catalunya para investir a Salvador Illa . Dijo Sánchez que era «un paso en la federalización del Estado autonómico». Por ignorancia o por temeridad, o por ambas cosas, y desde luego por mera supervivencia personal, el presidente del Gobierno expresó el escollo constitucional del concierto económico que ha pactado con ERC, porque si la consecuencia de dicho pacto es la federalización de España, no estamos ante un mero desarrollo del Estado autonómico, sino ante una mutación constitucional del modelo territorial español. El federalismo, en cualquiera de sus vertientes, no es el sistema de organización elegido por la Constitución de 1978, aunque el flujo competencial del Estado a determinadas comunidades autónomas haya dado lugar a facultades de autogobierno federal. Pero la implantación de una relación federal entre Cataluña y España, al margen de que ha sido formulada con sesgo confederal, exigiría una modificación no solo de la normativa sobre financiación autonómica, sino del Título VIII de la Constitución de 1978. Además, y aunque se cambien las palabras, lo pactado entre Pedro Sánchez y Marta Rovira no tendría encaje en la disposición adicional primera de la Constitución, referida a los derechos históricos de los territorios forales vascos y navarro. Este propósito neoconstituyente ya estaba presente en el acuerdo de investidura firmado por el PSOE con ERC en 2023 , y su primera manifestación fue la Ley de Amnistía, como ley de punto final al golpismo separatista. Ahora, el concierto económico previsto en el acuerdo es un avance más de ese proceso de vaciamiento constitucional de Cataluña. Como la amnistía, esta declaración de soberanía fiscal de la Generalitat catalana tampoco estaba en el programa electoral del PSOE de 2023, ni siquiera en aquella declaración de Granada de 2013 –'Un nuevo pacto territorial: la España de todos'– en la que el PSOE abogó por un federalismo sin forma definida y cuya aplicación práctica no llegó a determinar, un simple brindis al sol, entonces oficiado por Rubalcaba, con que seducir al mismo nacionalismo que ahora sostiene a Sánchez y al que se le ofrece un sistema inequívocamente confederal, basado en la asimetría y la desigualdad. Fueron los militantes de ERC, y no la voz de la soberanía nacional, quienes el pasado viernes se pronunciaron sobre esta «federalización del Estado autonómico» –una conferecaión de facto– a través de un pacto fiscal que rompe la ciudadanía española. Ser ciudadano de un Estado es ser titular de un cuerpo común de derechos, libertades y obligaciones amparado por una misma Constitución y un mismo ordenamiento jurídico. La quiebra de los elementos de cohesión entre españoles no solo redunda en un debilitamiento general de su desarrollo colectiva, sino también en una paulatina disolución de la unidad constitucional del país. No hace falta poner fronteras internas para romper una nación. Basta con desactivar la vigencia real de la Constitución allí donde se quiera crear un territorio exento. Porque este es el futuro del modelo territorial que defiende Pedro Sánchez: una reedición de los peores vicios del Antiguo Régimen, que se sostenía, precisamente, en la preeminencia del territorio sobre el individuo, del 'pueblo' sobre la nación. Ante este atropello –'crisis constituyente' en palabras del exministro Campo, hoy miembro del Constitucional– apenas cabe el rechazo de un PSOE que aún puede demostrar que es un partido de Estado, no la nodriza del separatismo.
