El número de mujeres que ejerce la prostitución en clubes de alterne Castilla y León se ha incrementado en el último año un 24,7 por ciento y supera el millar de personas, la cifra más alta del último lustro. Además, a esta cifra habría que sumar también la de aquellas que son explotadas en pisos clandestinos y cuyo número se incrementó debido a la pandemia. Sólo el pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en la Comunidad a 30 mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse y en 25 casos pudieron demostrar que las víctimas habían llegado a esa situación tras caer en las redes de una banda organizada de trata de seres humanos. En total, en los últimos cinco años, la Guardia Civil y la Policía Nacional han logrado que 159 mujeres dejaran de ser sometidas en la Comunidad a esta esclavitud, según se advierte en un informe del Ministerio del Interior sobre la trata y explotación de seres humanos al que ha tenido acceso Ical. El perfil mayoritario de las víctimas de trata con fines de explotación sexual que acaban llegando a Castilla y León es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Paraguay, Brasil, Colombia y países el Este de Europa , en situación de vulnerabilidad y criadas en el seno de familias pobres. Además, lo hacen engañadas con la promesa de que tendrán un trabajo digno, aunque en algunas ocasiones, pese a saber lo que les espera, no son conscientes de las condiciones inhumanas que los proxenetas les imponen. En el caso de Castilla y León, detrás de esta explotación no se encuentran grandes mafias o grupos organizados a gran escala, y sí g rupos criminales muy cerrados y pequeños , según explica el jefe de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Salamanca, el capitán Antonio Barreiro. Al frente de los clubes de alternes, al menos en la provincia charra, están personas «autóctonas» que cuentan con pequeñas redes de captación de las víctimas en países de origen, integradas por dos o tres personas que por lo general son amigos o familiares. Una vez en España, se les comunica la deuda contraída, que suele oscilar entre los 3.500 y los 4.000 euros , y los proxenetas obligan a las mujeres a trabajar seis días a la semana, con un mínimo de tres servicios sexuales por noche. De media, incluidas las copas, el dueño del prostíbulo exige por noche a cada víctima unos ingresos de cien euros. Un local en el que sean explotadas una docena de chicas puede llegar a generar unos ingresos anuales de medio millón de euros. La Guardia Civil realizada como mínimo dos inspecciones anuales en todos los clubes de alterne de la Comunidad y, mediante personal formado en la trata de seres, mantiene entrevistas personales con todas las chicas con el objetivo de destapar casos de trata. Una de la operación más importantes contra la trata de seres con fines de explotación sexual se desarrolló el pasado año en Salamanca. La Benemérita logró liberar a nueve víctimas , detuvo a un varón natural de Portugal, e investigó a varios miembros del grupo criminal que se encontraban fuera de España. Y descubrieron que estaban construyendo otro local al que se accedía por un túnel. Una de las principales dificultades que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para luchar contra esta lacra es lograr una declaración de las víctimas que sirva de acusación para poder detener a los explotadores y que sean juzgados. Según reconoce el capitán Barreiro, las víctimas, conocedoras que están en un situación irregular, son reacias a denunciar por el miedo a ser deportadas a su país de origen y por temor a las consecuencias que pueden tener para su familia. Además, añade, el «miedo» que tienen al desconocer los derechos que las amparan y que pueden llegar a regularizar su situación al colaborar, así como el temor ante sus familias, a las que logran enviar dinero. Coincidiendo con la pandemia, en el año 2020 la Junta puso en marcha el proyecto 'Atrapadas' , una red a través de la que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades presta atención integral a mujeres en situación administrativa irregular que se encuentran en contextos de prostitución y son posibles víctimas de trata. Contempla facilitar un alojamiento, tanto para ellas como para sus hijos, dispensación de productos de alimentación e higiene, potenciar su inserción laboral y facilitarles ayuda psicosocial. Desde su puesta en marcha y hasta el pasado mes de abril ha prestado atención 12.132 mujeres en Castilla y León . En 2021 fueron 3.112, mientras que en el pasado año fueron 2.677.
