Pedro Sánchez tuvo este martes una jornada agitada y con la agenda repleta. Presidió a primera hora el último Consejo de Ministros del curso y mantuvo por la tarde su primer despacho veraniego con el Rey en el Palacio de la Almudaina, y antes presidió en Ferraz la reunión extraordinaria de la Ejecutiva del PSOE que aprobó el acuerdo con ERC para investir a Salvador Illa. Pero la cita principal, e inédita para un presiente del Gobierno, la tuvo cerca del mediodía, cuando se vio cara a cara por primera vez con el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado , quien le había citado a declarar como testigo en la causa que se sigue por presunto tráfico de influencias contra su mujer, Begoña Gómez, y que había rechazado una declaración por escrito. El presidente se acogió a su derecho a no declarar en la causa contra su esposa. La portavoz de su Gabinete, Pilar Alegría, calificó luego de «montaje» la actuación del juez acusándole de tener la única intención de «erosionar la imagen del presidente del Gobierno». El propio Sánchez, en su comparecencia en Palma de Mallorca tras la entrevista con Felipe VI aseguró que no se pronunciaría sobre el caso «por respeto al despacho que acabo de mantener», pero que sí lo haría en la rueda de prensa de balance del curso político que este miércoles realizará en Moncloa antes de marcharse de vacaciones. Con todo, el hecho más disruptivo de la jornada fue que el presidente utilizó la Abogacía del Estado para querellarse por prevaricación contra Peinado. Hasta este mismo martes el Gobierno y el PSOE habían llegado a acusar al juez, con palabras más o menos contundentes, de estar llevando a cabo una «investigación prospectiva», o dicho más llanamente y en palabras de los propios dirigentes socialistas, un procedimiento para «ver qué encuentro». Incluso fuentes gubernamentales descartaban esa acusación por prevaricación. Los caminos de Sánchez se antojan inescrutables hasta para sus próximos. El paso dado supone aceptar y llevar a la práctica la premisa que durante mucho tiempo fue exclusiva de los aliados del PSOE, primero Podemos, luego Sumar y también de los partidos independentistas de que en España existen tramas de 'lawfare' o guerra sucia judicial contra representantes políticos, y de la izquierda en particular. Ahora la asume y lidera en primera persona el secretario general del PSOE, justo cuando una causa afecta a su círculo más próximo. En la querella de 35 páginas , a la que tuvo acceso ABC, la Abogacía del Estado -en representación de Sánchez-, acusa al juez que instruye la causa de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de adoptar una decisión «injusta» y «a sabiendas» al citar al presidente del Gobierno a declarar como testigo de manera presencial y no por escrito, como contempla la ley. Pide por ello al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) , instancia en la que presentó el escrito al ser el magistrado aforado, que le investigue por un delito de prevaricación. Fuentes del Gobierno afirman que se trata de que la «indefensión» que a su juicio ha sufrido Sánchez no la sufra ningún otro presidente. La abogada del Estado afea a Peinado la «inconcreción y generalidad» de la causa, en la que el propio juez «vincula y concreta la actividad profesional de Begoña Gómez» a «la condición profesional, que no personal», de Sánchez. Lo que, a su juicio, resulta determinante «a la hora de definir qué investiga»: se investiga a Gómez, dice, desde que él es presidente del Gobierno y no por actos anteriores a que alcanzara la Presidencia. Por tanto, es en esa condición, la de jefe del Ejecutivo y no 'marido de' - argumenta- por la que se tendría que haber citado y permitido a Sánchez testificar por escrito en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). «No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación» -insiste- «es la condición de presidente del Gobierno del marido de la investigada». Y en este sentido, sostiene que el juez, «de manera consciente y deliberada », ha omitido «las garantías procesales propias de la declaración testifical». Tras hacer un repaso de las decisiones adoptadas por el juez Peinado, la abogada del Estado concluye que «resulta obligado» emprender acciones legales ante la «necesidad de defender la institución que representa, la Presidencia del Gobierno» y niega que esto constituya un ataque contra el poder judicial . «Al contrario, es expresión en la confianza en el poder judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso, en este caso judicial y atribuible a uno de los más de 5000 jueces que ejercen su función en España. Es, además, el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales», se puede leer. «Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal . A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que puedan tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo», prosigue. Entre las diligencias que solicita la abogada del Estado Zaida Fernández Toro, se encuentra la toma de declaración como testigo a Carlos Valle, el juez que, en sustitución de Peinado, contestó a la carta que el presidente del Gobierno envió solicitando declarar por escrito y ratificó la decisión de que la comparecencia fuera presencial. Quiere que aclare si el contenido de la providencia lo hace «propio» o si fue «expresión del parecer exclusivo» del juez Peinado. Además pide al TSJM que recabe del Juzgado número 41 de Madrid la causa que se sigue contra Begoña Gómez . Mientras se estudia la admisión de la querella el juez no tendrá que apartarse del caso porque entonces bastaría con denunciar a un magistrado para conseguir un cambio en la instrucción de la causa. No obstante, este movimiento sí abre la puerta a que la defensa de Gómez, ejercida por el exministro Antonio Camacho, pueda pedir su recusación, un escenario en el que Peinado quedaría al margen del procedimiento mientras se resuelve la petición. Por otra parte Vox duda de que la Abogacía del Estado pueda representar a Sánchez en su querella ante el TSJM. Por ello, ha pedido al Congreso la documentación relativa a la autorización que el Ministerio de la Presidencia debe otorgar para la interposición de una querella por la Abogacía del Estado. Pide también el informe previo de la Dirección General de lo Contencioso que exige, apuntan, el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas en este ámbito.
