Aunque el presidente del Gobierno asegura que su querella contra el juez Juan Carlos Peinado no supone un ataque a la independencia judicial -«al contrario, es expresión en la confianza en el poder judicial para resolver un abuso», dice-, la mayoría de la asociaciones de jueces no lo ven así y consideran que el movimiento de Pedro Sánchez no tiene «precedentes por parte de un jefe del Ejecutivo» y es una forma de ataque más a la independencia judicial. En declaraciones a ABC, la portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesus del Barco , asegura que hace ya tiempo que el Ejecutivo ha asumido el discurso del «lawfare» en España, « atacando a jueces , afirmando que estos prevarican y hacen política», tal y como declaró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministro ayer. Critica también Del Barco que se utilice la rueda de prensa del Consejo de Ministros «para velar por los intereses particulares de la esposa del presidente». Para la APM, es «evidente que se está atacando al juez para lograr la impunidad de unos pocos. Hay políticos que piensan que están por encima de la ley , incluso que su entorno está al margen de esta», asegura la portavoz. Que un ciudadano se querelle contra un juez, coinciden las asociaciones, entra dentro de la más estricta normalidad en nuestro Estado de Derecho, «lo que es insólito», afirman desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), «es que sea el presidente del Gobierno el que lleve acabo esta acción». Teresa García Villanueva, en funciones de portavoz de AFV, insiste en que «es normal que un ciudadano se querelle contra un juez, y respetamos el contenido», de esa denuncia. Como también la decisión que sobre su admisión a trámite tome el TSJM. «Pero la lectura que se hacemos es que esto constata otra forma de presión al Poder Judicial. Favorece a que la ciudadanía pierda la confianza en la judicatura». Menos críticos con la decisión de Pedro Sánchez se muestran desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), cuyo portavoz, Edmundo Rodríguez, asegura a ABC «el presidente del Gobierno ha prestado declaración, aunque se haya acogido a su derecho de no hacerlo contra su cónyuge, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también prevé -en su artículo 412.2- que en su condición de presidente del Gobierno preste declaración por escrito». De esta forma, aseguran desde JJpD, se «está evitando que La Moncloa se convierta en una romería de jueces y querellantes» que consideran que el jefe del Ejecutivo debe prestar declaración. A su juicio, el traslado del juez a Moncloa «abre la veda a que cualquier magistrado de cualquier parte de España se persone en el Palacio de la Moncloa ». De ahí que entienda que Sánchez tome la iniciativa ante una decisión del magistrado que el propio presidente sostiene que no está ajustada a derecho. «Habrá que esperar a la decisión del TSJM, respetarla», coinciden todas las asociaciones, cuyo objetivo último es el de transmitir a la ciudadanía y al conjunto de instituciones que las decisiones judiciales deben ser, ante todo, respetadas por el conjunto de la sociedad. «Tenemos que dejar que el Estado de derecho funcione », asegura la AJFV. «Estamos ante una investigación, que no deja de ser un proceso para dotar al investigado de las máximas garantías jurídicas». Por último, desde Foro Judicial Independiente (FJI), hacen un «llamamiento a la normalidad». En declaraciones a ABC, su portavoz, Fernando Portillo, asegura que «esta querella lo que hace es ahondar en la tensión que prevalece entre el Poder Judicial y el Ejecutivo». En su opinión, «desde el Gobierno deberían hacer un llamamiento a normalizar un procedimiento penal, aunque no estén de acuerdo, que no manden a los ministros contra el juez». Portillo califica estas acciones de «histriónicas» , y considera que «nunca se ha visto esto en democracia, y consideramos que debe prevalecer el criterio del juez».
