El nuevo gobierno laborista de Reino Unido ha decidido no seguir adelante con los planes para construir un túnel que iba a pasar a solo 200 metros del conjunto arqueológico de Stonehenge y que desató una fuerte polémica en el país por los daños que podía sufrir este famoso monumento prehistórico de más de 5.000 años de antigüedad, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. La nueva ministra de Hacienda, Rachel Reeves, dijo el lunes que el gobierno estaba descartando la construcción del túnel en Stonehenge que FCC iba a llevar a cabo por 1.500 millones de euros, como parte de los esfuerzos por reducir costos. El plan de construcción del túnel de 3,2 kilómetros que unía Amesbury con Berwick Down, en Wiltshire, había sido aprobado en noviembre de 2020 por el gobierno británico. Con un presupuesto de 1.700 millones de libras, la infraestructura, con una nueva carretera de doble sentido, pretendía acabar con los gigantescos atascos que se producen en los trayectos hacia el suroeste de Inglaterra por la A-303 y ocultar la carretera principal cercana que ha obstruido durante mucho tiempo la vista de la puesta de sol desde el misterioso círculo de piedras prehistóricas durante el solsticio de invierno. Sin embargo, las obras iban a discurrir prácticamente bajo Stonehenge, lo que desató una fuerte polémica en el país. Algunos arqueólogos y residentes locales se opusieron al proyecto, diciendo que el túnel era demasiado corto y dañaría los alrededores arqueológicos de Stonehenge. Los inspectores de planificación emitieron un informe en el que recomendaban no llevar a cabo el túnel, debido al riesgo de un daño permanente e irreversible al patrimonio cultural, y al paisaje, así como a la creación de un impacto visual negativo alrededor del monumento. También se organizó un movimiento de oposición a su construcción Save Stonehenge World Heritage Site (Salvar Stonehenge Patrimonio de la Humanidad), que presentó un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia. El juez encargado del caso anuló en 2021 la decisión del gobierno británico y declaró la orden ilegal, pero en 2023 el Ministerio de Transportes volvió a aprobar los planes alegando «una serie de beneficios» que pesaban «significativamente a favor del desarrollo» a pesar de que admitía que, como consecuencia, habría «perjuicios en el patrimonio cultural y el entorno histórico». La cancelación ahora del proyecto se enmarca en los recortes que el nuevo ejecutivo británico está acometiendo tras detectar un «agujero» en las cuentas públicas de casi 27.000 millones de euros.
