La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sacado del cajón la ley de prevención de consumo de alcohol en menores que la exministra Carolina Darias prometió aprobar durante su mandato. El texto, con modificaciones y nuevas medidas para proteger también a embarazada s, se aprobará previsiblemente hoy en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones del Ejecutivo. El anteproyecto de ley contará con medidas para restringir la publicidad, comercialización y venta de productos alcohólicos a menores de edad. Los efectos en la salud son conocidos y más en organismos que aún están en desarrollo. Desde daños en el hígado, el páncreas y el cerebro a daños psicológicos que redundan en peor rendimiento académico y déficit de atención y memoria. Mónica García ya había anunciado en enero una ley nacional para proteger del alcohol a la juventud y a las mujeres adultas durante su gestación porque no existe una dosis segura de alcohol para el feto. En España ya es ilegal vender bebidas alcohólicas a menores de edad, pero los jóvenes logran eludir las prohibiciones de ayuntamientos y comunidades autónomas. Por eso, la ministra duda de que las administraciones locales y autonómicas estén haciendo todo lo necesario para prevenir su consumo. Y para justificar sus dudas recordó los últimos datos de la encuesta Estudes del Plan Nacional sobre Drogas donde se refleja que el 70% de los chicos entre 14 y 18 años había consumido algún tipo de bebida alcohólica en los últimos 12 meses y algo más de la mitad lo habían hecho en los últimos 30 días. Esos datos cuestionaban, en opinión de la ministra de Sanidad, que los poderes públicos estén protegiendo a la infancia y la juventud, tal y como establece la Constitución española o la Ley General de Sanidad. El Ministerio de Sanidad considera que una ley nacional, con medidas y sanciones comunes para todo el territorio, es la alternativa más eficaz para proteger a la juventud de la toxicidad del alcohol. El objetivo de la ley es «impedir las actividades y conductas destinadas a promover, favorecer o facilitar el consumo en menores» y facilitar medidas educacionales en base a la evidencia científica. La prevención es una de las asignaturas pendientes porque los jóvenes no consideran peligroso el consumo de una sustancia socialmente tan bien aceptada. Tampoco la experiencia ha demostrado que imponer sanciones de 600 euros por beber en la calle no parece ser la solución porque la mayoría carece de recursos o tampoco es efectiva si se traslada a la familia como responsable subsidiario. La venta de alcohol a menores ya se considera una infracción grave con multas que van desde los 10.000 hasta los 600.000 euros y la posibilidad de proceder al cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se hayan dispensado. Pero las bebidas se siguen vendiendo a menores de edad.
