El pasado mes de enero, y tal y como había denunciado hace dos años, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) trasladó a la Oficina del Defensor del Pueblo las múltiples quejas que estaba recibiendo por una situación que empeoraba: los retrasos para obtener la valoración del grado de discapacidad. «En sus tres fases –aclara a ABC Luis Alonso, gerente de Cermi estatal –: la del reconocimiento, declaración y calificación». El organismo que encabeza Ángel Gabilondo comunicó ayer que inicia de oficio la investigación pertinente reclamando los plazos e actuación y los procedimientos que siguen las comunidades que más se demoran y que, según Cermi, están lideradas por Canarias y Extremadura («con plazos desorbitados, de dos años...
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