Los negociadores de Esquerra Republicana (ERC) y del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) están muy cerca de alcanzar un acuerdo para que en los próximos días sea investido Salvador Illa, líder de estos últimos, como presidente de la Generalitat. Según diversas fuentes, el principal escollo para cerrar este acuerdo es el diseño de una 'financiación singular' para Cataluña, donde la piedra de toque está resultando ser la pretensión de los separatistas de recaudar los impuestos en su territorio, tal como hacen las haciendas forales vasca y navarra. Dado el peso económico de Cataluña, lo que realmente está en juego en la mesa de negociación es España. El pacto, cuyos detalles se llevan en la más completa opacidad, incluiría el blindaje del catalán, para evitar que los tribunales sigan defendiendo el bilingüismo principalmente en la escuela, que se destine más dinero para Sanidad y Educación exclusivamente en Cataluña y algún tipo de vía abierta para la celebración de un futuro referéndum cargado de ambigüedad sobre su objeto y finalidad. Pero lo mollar es la financiación, no sólo por su importancia técnica, sino por el alcance político y constitucional de la misma. Se da la circunstancia de que, por primera vez en la etapa democrática, se ceden competencias nacionales para elegir a un presidente autonómico. Hasta ahora esto se había visto en el caso de la elección de un presidente del Gobierno, como ocurrió con la investidura de Pedro Sánchez, el año pasado, o con la de José María Aznar en 1996, pero nunca con un jefe de gobierno regional. Todo el mundo sabe que detrás de Salvador Illa están la vicepresidenta Montero y el ministro Bolaños. La presencia de Sánchez en Barcelona la semana pasada para reunirse con el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, es sintomática del alcance nacional de todo lo que se está negociando. Se abre así una vía muy peligrosa, porque incentiva uno de los aspectos menos ejemplares del modelo autonómico español, que es la falta de lealtad institucional entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Además el resultado de esta negociación produciría efectos permanentes a cambio de designar a un presidente por cuatro años. ERC quiere obtener una cesión financiera importante para que la entrega de sus votos a Illa sea asumible por sus dirigentes y votantes. El partido aún no acaba de digerir el mal resultado que tuvo en las urnas en las elecciones del pasado 12 de mayo y sus líderes están empeñados en una guerra interna. En ese contexto, el concurso de ocurrencias está completamente abierto: una de las últimas iniciativas ha sido recordar que, en 2014, tras la derrota de los nacionalistas en el referéndum escocés, el Reino Unido contempló la cesión al parlamento de esa región de la autoridad para fijar el tipo del IRPF en su territorio. Son numerosos los expertos que ya se han pronunciado sobre la pérdida de eficacia en la recaudación tributaria que comportaría una cesión en esta materia. Como ha advertido Fedea, si Cataluña comienza a recaudar sus impuestos, tarde o temprano las demás comunidades autónomas de régimen común se sentirán legitimadas para exigir lo mismo. Esto es ineficaz y facilita la corrupción y el surgimiento de 'agujeros negros' tributarios, y políticamente sería el inicio del desmontaje del Estado y la desaparición de la solidaridad interterritorial. La paradoja es que Sánchez está dispuesto a bendecir el pacto ERC-PSC dándoles como dote lo que Rajoy en 2012 le negó a Artur Mas: el famoso 'pacto fiscal', cuyo rechazo dio inicio al 'procés'.
