El régimen de Nicolás Maduro ha impedido la entrada en Venezuela de la delegación enviada por el Partido Popular que acudía bajo invitación de la oposición para acompañar el proceso electoral de este domingo. Al llegar al aeropuerto de Caracas, el grupo, compuesto por diez personas entre las que se contaban diputados, senadores y eurodiputados, fue retenido e interrogado para ser posteriormente expulsado del país. Este hecho constituye una anomalía democrática intolerable y demuestra el empeño que está poniendo el chavismo en impedir que en Venezuela puedan celebrarse unas elecciones libres y provistas de garantías. Si ya existían evidencias que demostraban que estos comicios parten de una circunstancia objetivamente alterada, pues a la propia María Corina Machado se le ha impedido concurrir como candidata, la expulsión de la delegación del Partido Popular, así como el bloqueo en origen de otros observadores internacionales tales como la expresidenta panameña Mireya Moscoso o el expresidente mexicano Vicente Fox, demuestran que existe una voluntad expresa por parte del Gobierno de Maduro de que no existan supervisores no alineados que puedan garantizar el cumplimiento de unas mínimas garantías durante las elecciones. La delegación del Partido Popular fue invitada por una oposición rigurosamente democrática y su presencia debería haber estado asegurada, como ocurre en todas las elecciones que aspiran a ser reconocidas como tales en el ámbito internacional. La supervisión de grupos políticos de distinto signo es el único mecanismo eficaz que permite establecer controles recíprocos en la observación de un proceso electoral. Que el viaje no fuera autorizado prueba la condición deliberada y planificada de este bloqueo y lejos de constituir un atenuante demuestra las opacas condiciones en las que el régimen bolivariano quiere celebrar estas elecciones. Llegado el caso, y si el Gobierno de Maduro hubiera deseado no concederles el estatus de supervisores a los diputados, senadores y eurodiputados populares, al menos deberían haberles permitido acceder al país en condiciones de estricta normalidad. Lo más lamentable de este suceso es que al frente de la delegación de observadores internacionales amparados por el régimen de Maduro se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero. El colaboracionismo explícito del expresidente resulta intolerable y constituye un desafío no ya para nuestra propia democracia, sino para la cultura política europea. Zapatero lleva años ejerciendo de embajador de la dictadura venezolana sin que nadie desde el PSOE haya reprobado dicha actitud. Recordemos que el paso de Delcy Rodríguez por España, que dio lugar al encuentro con José Luis Ábalos y con el prestamista de la trama Koldo, tuvo como excusa propiciatoria una entrevista con el expresidente. En esta ocasión, Zapatero da un paso más y se sitúa impúdicamente al frente de los observadores afectos al régimen bolivariano, alineándose con políticas explícitamente chavistas como la vicepresidenta Díaz o la exministra Irene Montero. Frente a este atropello democrático, que ha afectado incluso a eurodiputados, el Gobierno de España debe actuar de forma inmediata y con una rotunda claridad. La defensa de los valores democráticos no admite medianías ni equidistancias y lo ocurrido en Venezuela es un incidente de la máxima gravedad. La defensa de unas elecciones libres debe ser una prioridad de nuestro Ejecutivo, que está obligado expresar con absoluta nitidez su censura de lo ocurrido y disponer cuantos recursos políticos y diplomáticos tenga en su mano para garantizar la celebración de unas elecciones justas en Venezuela. A nivel interno, el PSOE exigir de forma inminente una rendición de cuentas del expresidente Zapatero por su ya consolidada relación con regímenes totalitarios. De hecho, el propio partido debe decantarse y decidir si quiere inscribirse en un marco político populista como el del Grupo de Puebla, al que también pertenece el presidente Sánchez, o si aspira a retomar la senda del socialismo democrático que durante décadas distinguió a la izquierda europea. Nicolás Maduro prometió un baño de sangre si perdía las elecciones. Parece claro que está dispuesto a demostrar su pulsión antidemocrática antes de que se lleguen a celebrar los comicios.
