El recorrido de la amnistía en Europa apenas acaba de empezar. Hoy se publica el 'Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea' y una vez acordada la renovación del CGPJ, el documento pondrá de manifiesto algunas áreas de urgente mejora democrática y seguirá insistiendo en la necesidad de proteger al Poder Judicial de la injerencia de otros poderes del Estado. El texto también subrayará la necesidad de blindar figuras como el fiscal general del Estado, una magistratura degradada tras los ejemplos de Álvaro García Ortiz o Dolores Delgado, y volverá a señalar que España debe arbitrar un nuevo sistema de elección para el gobierno de los jueces. La renovación del órgano, no podemos olvidarlo, constituía sólo una primera parte de la solicitud europea. El balance final del texto no es una buena noticia para el Gobierno y son varias las asignaturas pendientes. Pero hay algo todavía más relevante: aunque el informe sobrevuele la cuestión de la amnistía, a partir de septiembre Europa fijará posición con respecto a la medida de gracia con la que Pedro Sánchez logró los pactos para su investidura y cabe prever que sus conclusiones sean rotundas. Según ha podido confirmar este periódico, con el inicio del nuevo curso la Comisión Europea entrará a evaluar el fondo de la ley de Amnistía, resolviendo una cuestión sobre la que durante meses se han interesado varias instituciones y un amplio número de ciudadanos. Por más que el ministro Bolaños intentara minimizar el impacto de la cesión al independentismo en el contexto comunitario, aduciendo de forma inequívocamente falsa que existía «cero preocupación», la evidente lesión a las garantías civiles y jurídicas merecerá una valoración severa en Europa que podría dar pie, incluso, a un procedimiento de infracción contra España, lo que nos sitúa en un escenario inédito. Independientemente de cuál sea la conclusión, la mera evaluación de dicho proceso constituye un salto cualitativo y abre una nueva etapa para la amnistía en Europa que puede comprometer aún más si cabe la aplicación de la norma. En línea con lo expresado por la Comisión de Venecia y a la luz de los dictámenes y escritos varios que han llegado al Gobierno comunitario, son numerosos los aspectos de la ley que podrían colisionar con fundamentos relevantes del derecho europeo. Recordemos que la Comisión tiene potestad para hacer valer los tratados de la Unión y debe velar por la convergencia del ordenamiento jurídico comunitario. No puede obviarse que la ley de Amnistía afecta a tipos penales como la malversación o el terrorismo, delitos con respecto a los cuales existe una especial sensibilidad en el marco de la UE. Hay, además, otro hecho que no puede soslayarse. La redacción de una ley instrumental 'ad hoc' buscó beneficiar a separatistas como Puigdemont que, tal y como ha informado ABC, tuvo contactos directos con la Inteligencia rusa y aspiró a comunicarse directamente con Putin. Son demasiados los elementos de la amnistía que colisionan de forma directa o indirecta no ya con leyes comunitarias concretas, sino con principios jurídicos y morales que inspiraron la propia Unión. Los plazos de aplicación son tan inminentes que la Comisión no tardará en pronunciarse. El Gobierno fabuló con una tramitación exprés de la gran cesión sobre la que hizo posible la investidura de Sánchez, pero los frentes que se abrirán en el contexto comunitario tras el verano auguran un escenario muy distinto del que idearon aquellos que decidieron cambiar votos por una norma tan injusta como socialmente divisiva.
