Las reacciones del PSOE a la decisión del juez Peinado de tomar declaración a Pedro Sánchez como testigo son incompatibles con el respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes. Los ataques personales al juez revelan un estado de nerviosismo evidente, el cual, a su vez, lleva a los socialistas a embarcarse en una espiral de declaraciones que persigue, sencillamente, intimidar al instructor y forzar un cierre rápido del proceso judicial abierto a Begoña Gómez. No ha sido el juez, ni las acusaciones populares, quienes han puesto a Sánchez en el centro neurálgico de los negocios particulares de su esposa, sino el empresario Carlos Barrabés, también investigado en la misma causa. Fue Barrabés quien confirmó que Sánchez asistió a dos reuniones con Begoña Gómez en La Moncloa. El presidente del Gobierno estaba en el lugar y en el momento de los hechos. De los asistentes a esas reuniones, dos están investigados, Barrabés y Gómez. Nada más propio, en la dinámica normal de una instrucción, que el tercero en cuestión, Pedro Sánchez, declare lo que sepa. Es un testigo presencial, como mínimo. Vio y oyó lo que Begoña Gómez y Carlos Barrabés hablaron, negociaron y acordaron. Un testigo directo, de primera mano, beneficiario del privilegio de no acudir al juzgado. Será el juez quien acuda a La Moncloa a tomarle declaración. Y podrá acogerse al derecho a no contestar preguntas que puedan perjudicar a su esposa, no así a los otros investigados, Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. El PSOE se ha revuelto contra jueces y periodistas. La típica reacción de un partido mutado en séquito personal de su máximo dirigente y en caída libre hacia la confusión con las prácticas iliberales de partidos formalmente democráticos y materialmente totalitarios. Pero ni Sánchez ni Gómez son ciudadanos especiales, ajenos a la fiscalización judicial. Realmente, el problema del presidente del Gobierno no es que sea llamado a declarar como testigo, aun con sus privilegios procesales. El problema de Sánchez es que, con lo que ya se sabe, sin más adiciones, es suficiente para que asuma su responsabilidad política por los negocios privados que su esposa cerró en La Moncloa, aprovechando su condición conyugal, que no por sus méritos académicos. A La Moncloa fue llamado por la esposa del presidente del Gobierno el rector de la principal universidad española. Y de La Moncloa salieron una cátedra para Begoña Gómez y unas cartas de recomendación para un grupo empresarial, jaleado en público por Sánchez y que apoyó esa cátedra. Y en La Moncloa –léase por el Gobierno– se acordó que ese grupo recibiera contratos públicos después de esas reuniones y de esas cartas de recomendación. Nada más necesitan Pedro Sánchez y su partido para aplicarse un sencillo filtro ético. Da igual que lo ya conocido y probado sea o no delito. Falso no es, desde luego, porque ni Pedro Sánchez, ni Begoña Gómez han dado explicaciones alternativas convincentes, ni han presentado una demanda o querella contra los medios que han desvelado los hechos. No han tenido el coraje, ni la coherencia de llevar a los tribunales los presuntos «bulos» de los supuestos «pseudomedios». Nada les sería más fácil que probar semejantes falsedades, si fueran tales. La ética pública en una democracia y la honradez de sus dirigentes no dependen de los jueces, porque hay conductas de una inmoralidad incuestionable que no son delictivas. Y así sucede con los negocios privados urdidos en La Moncloa.
