A la derecha del portavoz, Carlos Fernández Carriedo, Isabel Blanco debutó ayer como vicepresidenta en la sala de prensa del Consejo de Gobierno . Más que un estreno. Toda una declaración. Y es que aunque no era la primera vez que estaba en la sala, sí desde que esta semana se convirtió en la número dos la Junta de Castilla y León tras la salida de Vox del Gobierno autonómico. Y desde esa posición en la que coge el relevo de Juan García-Gallardo entró directa a un tema que se ha demostrado espinoso en esos dos años de 'matrimonio político'. Pero no sólo para marcar de nuevo distancias con quien había sido su socio, sino para defenderse de las críticas del Gobierno central, que parecía haber encontrado aquí una materia –otra más– para la confrontación, y de paso para poner al Ejecutivo central ante su propio espejo. La «lucha» contra la «lacra de la violencia de género» es un «compromiso de este Gobierno» y en lo que «tenemos que luchar todos de manera conjunta y de manera coordinada», apuntó la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y aprovechó para asegurar que le «sorprende» que la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, «cada vez que viene a Castilla y León», algo que ocurre de manera «frecuente», lo haga «dando lecciones de moralidad». «Sobre todo», añadió la vicepresidenta, cuando en una «situación tan terrible» como la que se está «viviendo» y que arroja «números terribles» de víctimas –mujeres y también niños–, la ministra «no se pronuncie» sobre lo que está ocurriendo en su departamento en relación a las informaciones que apuntan a que la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, y su mujer, Elisabeth García, han obtenido a través de su empresa conjunta 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los denominados puntos violeta. «En lugar de venir a Castilla y León a dar lecciones de moralidad, explique y aclare de forma urgente lo que está pasando con los puntos violeta y ponga todos los medios precisos para que lo que no vuelva a ocurrir», reclamó Blanco. La consejera urgió a que Ana Redondo debe «aclarar» y «poner las medidas necesarias para que eso no suceda». Y es que, subrayó la vicepresidenta de la Junta, «es algo muy grave lo que se está sabiendo y eso va en detrimento de las mujeres más vulnerables, víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales que necesitan ayuda». Contra la violencia de género «tenemos que trabajar todos juntos, de manera clara y transparente», recalcó Blanco, quien defendió que en esa dirección van acuerdos como los alcanzados ayer en el Consejo de Gobierno para lanzar una campaña de sensibilización y prevención de las violencias sexuales. ¿El objetivo?. «El mismo que este Gobierno ha tenido siempre, ese compromiso con la igualdad y seguir protegiendo a las mujeres que lo necesite», señaló la consejera, enfatizando ese «siempre» en una forma de dejar claro que por más que García-Gallardo hiciese declaraciones, las competencias eran y son suyas. Además, Blanco apuntó que la nueva ley de violencia de género «está en tramitación» para «adaptarla» a la normativa nacional, en la que también urgió a avanzar a la ministra Redondo. «Castilla y León tiene una de las leyes de violencia de género más avanzadas» y que sigue «plenamente vigente», incidió, a la par que reclamó la «conexión» entre el sistema Viogén y los de las comunidades, en los que se detectan casos de vulnerabilidad. Por otro lado, en cuanto a la ley de violencia intrafamiliar que formaba parte del acuerdo con Vox, la vicepresidenta no dejó claro si seguirá adelante.
