La Audiencia Nacional ha condenado a la Administración a indemnizar a las viudas e hijos de los dos policías nacionales asesinados , así como a otros cuatro agentes por el atentado perpetrado en la Embajada de España en Kabul el 11 de diciembre de 2015 . Los magistrados, que aprecian responsabilidad patrimonial del Estado, ordena indemnizar a los primeros con cerca de 200.000 euros y a los otros cuatro policías con entre 128.000 y 190.000 euros. La Sala ha tenido en cuenta los perjuicios patrimoniales y secuelas psíquicas padecidas por estas víctimas, por lo que las cantidades fijadas por ley se han complementado por los daños morales que les ha generado la «desatención de los requerimientos para mejorar la seguridad del reciento y el pesar por haber visto a familiares queridos y haber quedado los agentes supervivientes, expuestos a un peligro patente sin adoptar medidas razonables para mitigarlo». La Administración se opuso a la demanda de responsabilidad patrimonial por entender que el atentado terrorista fue un suceso inevitable y estimó que no se había producido una actuación u omisión por parte del Ministerio de Defensa o el de Exteriores que lo hubiera propiciado. Sin embargo, los magistrados detallan que había informes que ponían de manifiesto desde el año 2009 la vulnerabilidad del recinto donde se ubicaba la embajada y la residencia de los funcionarios que trabajan en ella. Ya desde ese año, el jefe de Protección GEO en Kabul solicitó medidas urgentes de mejora de la seguridad pasiva de la embajada y destacaba en su informe que su emplazamiento no era el idóneo para la ubicación de ambos edificios. Esas alertas sobre la inadecuación del recinto -excepto la residencia del embajador que se encontraba en la zona de máxima seguridad- se reprodujeron en fechas próxima al atentado. Además de la vulnerabilidad del recinto la Sala añade que contaba con insuficientes medidas de seguridad para repeler la acción terrorista. Nada más producirse la explosión, recuerdan, el equipo de seguridad de la embajada perdió el control de la situación al carecer de elementos de seguridad adecuados para poder reaccionar «con mayor efectividad y entablar una defensa ordenada». «Es una obviedad que un ataque terrorista , por el factor sorpresa con el que se despliega la acción, y por el incierto desenlace de todo ataque armado, tiene consecuencias imprevisibles, y la muerte de los agentes no puede asegurarse que hubiera podido ser evitada de disponer el recinto de mejores medidas de seguridad. Pero lo cierto es que, de haber existido tales medidas, los escasos efectivos presentes hubieran estado en mejor disposición de defender el lugar, de no haber perdido el control de la situación por las circunstancias ya referidas, de lo que se concluye que se perdió la oportunidad de, al menos, mitigar las nefastas consecuencias del ataque terrorista, y sin duda alguna, se ocasionó a los supervivientes un daño mayor al ver que no pudieron auxiliar a sus compañeros caídos», concluye.
