Hace tres meses, cuando se enteró de que su esposa estaba siendo investigada judicialmente tras una serie de revelaciones periodísticas sobre sus actividades profesionales, Pedro Sánchez se tomó un periodo de reflexión que tuvo en vilo al país durante cinco días y concluyó que era necesario establecer una agenda de regeneración democrática para acabar con lo que definió como «bulos». Ayer, el presidente compareció en el Congreso con las manos prácticamente vacías y recurriendo a su estrategia habitual de atacar a la oposición, polarizando la situación. Sánchez intentó justificar su plan en la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que, a su juicio, debería ser trasladado a nuestra legislación interna cuando lo cierto es que la norma es de aplicación directa. Alberto Núñez Feijóo desnudó sus intenciones reprochándole que «la única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque su mujer está siendo investigada en un juzgado y su hermano también está en sede judicial por cinco delitos». La propuesta del presidente del Gobierno parte de un gran equívoco: prácticamente todos los bulos conocidos circulan por las redes sociales y no en los medios de comunicación. Sánchez citó cinco: que el 18% de los españoles piensan que la economía está en crisis aunque lleva 15 trimestres creciendo, que el 34% temen que alguien puede ocupar su casa cuando el número de viviendas afectadas es el 0,06% del total, que la gente cree que el número de inmigrantes es el doble de los que realmente hay, que uno de cada cinco españoles piense que vacunar a los niños es malo y que un 20% creen que el cambio climático no es fruto de la acción humana. Todos ellos forman parte de aspectos controvertidos en nuestra sociedad, pero que los medios de comunicación con domicilio conocido suelen tratar con criterios profesionales. No ocurre lo mismo en las redes sociales, ámbito en el que los bulos prosperan y sobre las cuales Sánchez no hizo propuesta alguna dejándolas fuera del plan. Luego está la intencionalidad política del presidente, que hizo una interpretación sectaria de los bulos sugiriendo que en realidad nacen en «pseudomedios» que son financiados por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En relación con los medios de comunicación, no parece que estas comunidades estén haciendo hoy nada que escape a lo que hicieron cuando fueron gobernadas por el PSOE o los nacionalistas. ABC respalda plenamente el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación porque está dirigido a fortalecer y proteger el periodismo profesional. Y no hace falta que Pedro Sánchez haga nada, porque el reglamento ya está en vigor. En segundo lugar, respaldamos que se revisen los criterios y objetivos de la Ley de Publicidad Institucional, porque, en efecto, fue dictada hace dos décadas, cuando el ecosistema informativo estaba dominado por tecnologías que hoy están en franco retroceso y por tanto presenta muchas zonas de sombra; aunque no se nos oculta el alto riesgo de favoritismos y parcialidad política que implica tal reforma en manos de un Gobierno tan expeditivo. Por otra parte, con respecto a los cien millones en ayudas anunciadas a las empresas de medios, no se entiende bien porqué la prensa debe quedar al margen de los apoyos públicos que se han impulsado en numerosos sectores, tanto para paliar los efectos de la pandemia como el coste de la transformación digital. La prensa como tal no debe ser ni privilegiada ni discriminada. El problema en realidad es otro, el del potencial uso político que desde el poder se le puede sacar a esta herramienta para recabar apoyos y socavar la independencia informativa.
