La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación tras las denuncias recibidas por la supuesta realización de terapias de conversión sexual , por parte de un docente, en un colegio concertado religioso de Alaquàs y en una asociación eclesiástica. La sección de delitos de odio del Ministerio Público se ha hecho cargo de las mismas con el objeto de depurar posibles responsabilidades. Las terapias de conversión sexual están prohibidas en la ley LGTBI valenciana y en la estatal. La primera de ellas las castiga con multas de hasta 120.000 euros, en los casos más graves, y la inhabilitación de tres a cinco años para trabajar en la Administración pública. La acusación trascendió la semana pasada, cuando la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana remitió a la Fiscalía el relato de un antiguo estudiante del centro Madre Josefa Campos, sobre unos hechos que habrían ocurrido hace siete años, ante los indicios de ilícito. Otros jóvenes explicaron situaciones similares, también en la actualidad, al periódico Levante-EMV, que destapó el caso. Todos señalan al mismo hombre, que incluso les habría ofrecido una pastilla «para curar la homosexualidad» . La Asociación Española contra las Terapias de Conversión también anunció que acudiría a la Fiscalía. Mientras, desde el Arzobispado de Valencia aseguraron que -como alegan desde el colegio- no tenían constancia de que se hubieran realizado prácticas de este tipo ni habían recibido quejas al respecto de las personas atendidas en el Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae. No obstante, anunciaron una investigación interna. Se trata de una asociación de fieles -y no un organismo de la Diócesis- creada en 2014 en Valencia que tiene la misión de «acompañarlos espiritualmente en la pastoral familiar».
