El Govern ha interpuesto un recurso de reposición contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) que suspendió cautelarmente el Decreto 91/2024, aprobado por el Govern en funciones el pasado 14 de mayo y con el que se libera a las direcciones de los centros educativos catalanes de cualquier responsabilidad si incumplían el 25 % de castellano. La norma, que sustenta todo el régimen lingüístico de la escuela catalana, otorga a la Generalitat todo el control sobre los proyectos lingüísticos de los centros, instrumento a través del que el Ejecutivo catalán despliega desde hace años la inmersión. En un comunicado este martes, la Generalitat ha explicado que el recurso argumenta que «suspender la norma no evita ningún perjuicio ni daño irreparable a los interesados, uno de los supuestos que prevé la ley para dictar unas medidas cautelares». «Estos perjuicios y daños irreparables deben ser propios y no ajenos, según la doctrina del Tribunal Suprem o, cosa que, según el recurso del Govern, no ocurre en este caso», ha añadido. Además, ha considerado que tampoco ha quedado acreditado «que el daño sea real y efectivo en el alumnado catalán porque no se ha aportado ninguna justificación a tal efecto», informa Ep. La Generalitat ha señalado en su recurso que la adopción de medidas cautelares debe ser «especialmente restrictiva» a la hora de suspender disposiciones de carácter general, como la norma impugnada, que ha recordado que despliega normativas vigentes como la Ley de Educación de Cataluña de 2009 y dos decretos leyes. El Govern ha asegurado que la suspensión cautelar no supone «ningún problema respecto a la revisión de los proyectos de los centros», ya que está está recogido en otro decreto y que la Consejería de Educación seguirá llevando a cabo, como queda reflejado en los documentos de gestión de centro que contienen las instrucciones pedagógicas para el próximo curso. El Ejecutivo catalán también se muestra contrario en el recurso a la suspensión cautelar del decreto entero «cuando, en todo caso, las medidas cautelares se hubiesen podido limitar a los artículos donde el tribunal apreciase vulneraciones de derechos» . El Govern aprobó este decreto en mayo para dar «seguridad jurídica» a las escuelas con sus proyectos lingüísticos y prevé que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en Cataluña. El TSJC lo suspendió cautelarmente, tras estimar el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra la norma, al apreciar en la misma «visos de lesión en los derechos fundamentales, más allá de cuestiones de legalidad ordinaria, en su vertiente del derecho a recibir enseñanza en lengua castellana» en tanto que el desarrollo reglamentario del decreto contempla el catalán como única lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. En su auto, el TSJC entiende, asimismo, que la administración autonómica no puede dejar en manos de los centros que «determinen la presencia del castellano» sin que se fije «una garantía mínima del uso de dicha lengua vehicular más de la impartición de la asignatura de lengua». La Generalitat ya anunció que recurriría el pronunciamiento judicial.
