Que el presidente del Gobierno estuviera presente junto con Begoña Gómez en al menos dos reuniones con el empresario Barrabés y que éstas tuvieran lugar en La Moncloa supone «un indicio más» de un posible tráfico de influencias, un salto cualitativo que llegado el caso, apuntaría directamente al presidente del Gobierno como ese funcionario público del artículo 428 del Código Penal. Así lo aseguran expertos consultados por ABC, que, al margen de la dificultad probatoria que ven en delitos de este tipo, tildan de «impresentable» y «escandaloso» que el presidente del Gobierno se reúna con empresarios que de alguna forma pueden favorecer a su mujer en otras esferas. En este caso concreto se tendría que demostrar que a Barrabés se...
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