A toda prisa y casi de incógnito para no tener que dar explicaciones. El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía desde 2004 a 2010, Antonio Fernández García , abandonó este lunes a las siete y media de la tarde la prisión de El Puerto III. El político jerezano dejaba atrás la cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz) donde ha estado recluido durante un año y siete meses cumpliendo su condena por el caso ERE . Lo hacía montado en el asiento trasero de un reluciente Nissan Juke con las ventanas tintadas y la carrocería gris, sin detenerse tan siquiera para hacer declaraciones ante la nube de cámaras y fotógrafos que lo estaban esperando a las puertas del centro penitenciaria desde las tres de la tarde. Los periodistas tuvieron que conformarse con un 'canutazo' ante los micrófonos de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo , y con una instantánea fugaz y borrosa de Fernández subido en el coche que lo llevaba hasta su casa. La excarcelación de Fernández era cuestión de horas desde que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ordenó el «mandamiento de libertad» del que fuera el máximo responsable de la consejería que repartía ayudas mediante un sistema que evitó «todo control administrativo», según la sentencia que dictó en 2019. Fue condenado a siete años y once meses de cárcel por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación . El mismo día, el tribunal ordenó la puesta en libertad de otro político preso, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román , que cumplía su castigo penal de seis años en la prisión de Sevilla I, de la que salieron a principios de julio su antiguo jefe, el exconsejero Francisco Vallejo, y el ex director general de la agencia IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano. El desmontaje del caso ERE que está haciendo el Tribunal Constitucional (TC), controlado por una mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PSOE, está haciendo posible algo que parecía impensable hasta julio de 2022, cuando el Supremo ratificó la resolución que condenó a 15 ex altos cargos autonómicos, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán . El órgano de garantías ha ordenado al tribunal sentenciador que dicte nuevas sentencias tras borrar algunos delitos de prevaricación y malversación amparándose en que se vulneraron derechos fundamentales porque las pruebas incriminatorias eran insuficientes. No hay precedentes de una decisión como ésta. El TC nunca antes había revisado las pruebas en una sentencia firme ni había reinterpretado los tipos penales, a juicio de numerosos juristas consultados por ABC, que estiman que se ha extralimitado en su función de amparo. Antonio Fernández fue uno de los firmantes del convenio marco que institucionalizó a partir del 17 de julio de 2001 el sistema irregular de subvenciones , el conocido como 'fondo de reptiles' —expresión utilizada por un subordinado suyo, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero—. Fernández era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —la caja pagadora de los ERE—. El documento también llevaba la rúbrica del entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera. En el caso de Antonio Fernández se da la circunstancia de que figuraba en un listado inicial de prejubilados de la empresa bodeguera González Byass, que recibió 19.757.235 euros de la misma Consejería de la que él era su máximo responsable. Dicha póliza le daba derecho a cobrar una póliza de 386.181 euros a costa de los andaluces porque era trabajador en excedencia de la firma jerezana desde el año 1983, cuando decidió dedicarse a la política. El plan era que empezara a percibirla en 2012, pero estalló la investigación del caso ERE y Fernández renunció a cobrar la ayuda. « Me pertenecía y no la quise porque no me dio la gana », aseguró en el año 2012.
