La declaración de Carlos Barrabés ante el juez Peinado ha arrojado nuevos datos relevantes para la causa en la que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por un posible delito de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Según consta en la declaración jurada de Barrabés, que intervino como testigo y que, por lo tanto, estaba obligado a decir la verdad, se habrían celebrado unos siete u ocho encuentros con Begoña Gómez en La Moncloa para hablar de «innovación» y del máster que la esposa de Pedro Sánchez codirige en la Universidad Complutense de Madrid. El dato más decisivo de los señalados por el empresario es que en al menos dos de esas reuniones destinadas a un proyecto profesional privado habría participado, también, el presidente del Gobierno. Es obvio que el propio contexto en el que se celebraron los encuentros no es neutro y que puede generar una intimidación contextual. Ningún negocio privado con la mujer de Sánchez debería dilucidarse en la sede de la Presidencia del Gobierno por motivos obvios y la instrucción que dirige el juez Peinado ha servido, por el momento, para que dos testigos, como son el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y Carlos Barrabés, hayan confirmado que pasaron por La Moncloa para abordar una actividad lucrativa y personal de Begoña Gómez. Estos hechos, expuestos bajo juramento en sede judicial, ya constituirían en cualquier país de nuestro entorno un escándalo de primer nivel por el que el líder del PSOE estaría obligado a rendir cuentas ante todos los españoles. La situación se hace todavía más insostenible pues ahora existe constancia de que el propio Pedro Sánchez fue testigo directo de esas convocatorias. Es decir, que el presidente supo que su mujer organizaba reuniones privadas en la sede de la Presidencia del Ejecutivo y que accedió, además, a participar así sea como testigo de tales conversaciones. Su presencia no puede interpretarse como irrelevante, máxime cuando Carlos Barrabés ha sido beneficiario de concursos públicos por valor de casi 23 millones de euros desde el año 2017. El monto de las concesiones públicas de las que se benefició el emprendedor tecnológico se vio multiplicado en 2021, justo un año después del inicio del máster. El intento de la portavoz de la Ejecutiva del PSOE por describir ese encuentro como una conversación normal del presidente con un empresario es inverosímil por cuanto fueron los intereses privados de su esposa los que motivaron la comparecencia de Barrabés en La Moncloa. A la espera de resolver el recorrido judicial del caso, resulta evidente que la estrategia desplegada por Pedro Sánchez, tratando de deslegitimar al poder judicial y a la prensa, no sólo aspiraba a proteger los intereses de su esposa, sino también a sí mismo. El presidente del Gobierno tiene una especial responsabilidad y el uso de la sede de la Presidencia está tasado y en ningún caso puede utilizarse para el desarrollo de una actividad profesional privada. La llamada de Barrabés a Moncloa, la presencia de Sánchez, la extraña trayectoria académica de Begoña Gómez y las concesiones millonarias de fondos públicos de las que disfrutó el empresario constituyen un conjunto de hechos éticamente inaceptables. A falta de que esta investigación judicial y la de su hermano arrojen nuevas conclusiones, e independientemente de si pueden probarse o no conductas delictivas, es urgente e imperativo que el presidente ofrezca explicaciones. Ya no es sólo el papel de su mujer, ahora es su propia conducta la que puede acabar comprometiéndole.
