El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a dar un sonoro carpetazo al caso ERE trece años y medio después de la apertura de la investigación por el reparto arbitrario de ayudas a empresas entre 2000 y 2009 que sentó en el banquillo a la antigua cúpula de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE. La mayoría progresista de magistrados que controla este órgano de garantías anulará una parte sustancial de las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla —ratificadas por el Supremo— a dos figuras simbólicas para el socialismo andaluz como Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013). El Pleno del TC se reúne a partir de este martes para analizar los recursos de amparo presentados por ambos expresidentes autonómicos. Encima de la mesa, tendrán los borradores de sentencias que ha redactado la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en los que se propone rebajar la pena de inhabilitación a Chaves y borrar de un plumazo el delito de malversación de fondos públicos por el que Griñán fue condenado a seis años de prisión. Fue el único acusado que no ha pisado la prisión porque fue dispensado de ello para tratarse el cáncer que padece. Previamente, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido , que fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, rechazará las recusaciones que el PP ha presentado sobre la bocina contra la propia Montalbán y la magistrada María Luisa Balaguer. El Pleno prevé desestimarlas por «extemporáneas», al registrarlas tras las primeras deliberaciones que han permitido exonerar delitos a seis antiguos altos cargos que estaban cumpliendo penas de prisión por el caso ERE. El PP pide apartar a Montalbán porque presidió una Sala de lo Contencioso-Administrativo que participó en al menos 22 sentencias relacionadas con el caso ERE . Balaguer, por su parte, fue miembro del Consejo Consultivo andaluz entre 2012 y 2014 y ponente de 28 dictámenes sobre el sistema de ayudas irrgulares. Para Montalbán —y, previsiblemente para otros seis magistrados elegidos a propuesta del PSOE— no ha quedado demostrado que Griñán, siendo consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) conociera las «graves desviaciones» de dinero público realizadas por la Consejería de Empleo y, en concreto, que «las ayudas se fueran a conceder al margen de toda finalidad pública», según la ponencia de 141 páginas publicada por ABC. La magistrada que firma la propuesta fue condecorada con la Medalla de Andalucía precisamente por el Ejecutivo de Griñán en el año 2012. De acuerdo con el texto elaborado por la ponente, Griñán y Chaves se beneficiarían de la nueva doctrina que permitió a Carmen Martínez Aguayo ser exculpada de la malversación que provocó su encarcelamiento durante un año y medio, y a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez de la sanción de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Cuatro magistrados del ala conservadora han votado en contra de la revisión aplicada. La ponente considera insuficiente la principal prueba que incriminaba a Griñán: el informe que en el año 2005 le envió la Intervención de la Junta de Andalucía. En este documento alertaba de hasta 18 «irregularidades» en el procedimiento tras revisar una veintena de convenios suscritos para pagar las ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo autonómico luego rebautizado como Agencia IDEA. En ellos se puso de manifiesto que se distribuía dinero público —el montante ascendió a 680 millones de euros entre 2000 y 2009— sin ajustarse a procedimiento administrativo alguno, «faltando los requisitos más elementales en la tramitación de cualquier subvención». El Supremo reprochó a Griñán su «pasividad» por desoír las alertas y no cortar el grifo financiero a Empleo. El órgano de garantías también ha reducido la prevaricación atribuida a los ex altos cargos, allanando el camino para rebajar la pena de Manuel Chaves, inhabilitado durante nueve años por prevaricación. Argumenta que la partida de la que se nutren las ayudas estaba apoyada en las leyes de Presupuestos desde 2002 a 2009, por lo que no puede considerarse ilegal su reparto. Por ello , el TC obligará a la Audiencia de Sevilla a dictar una nueva sentencia en la que sólo culpe a Chaves por las ampliaciones del presupuesto para el fondo de los ERE anteriores a esa fecha, en concreto, en los ejercicios de 2000 y 2001.
