El PP y Vox han votado conjuntamente este lunes en las Cortes Valencianas para ratificar sus últimas decisiones como socios de gobierno en la Generalitat tras la ruptura de la coalición. Lo han hecho en un pleno en el que se ha mostrado la nueva configuración del Ejecutivo autonómico, con la vicepresidenta Susana Camarero sentada al lado del presidente Carlos Mazón después del cese de Vicente Barrera. La aprobación del plan de simplificación administrativa y el nombramiento - no exento de polémica - de Eduardo Beut como nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, con la mayoría parlamentaria de la derecha y el rechazo de la izquierda, marcan un punto y aparte en la relación de ambas formaciones en la Cámara autonómica. En la elección de Beut no ha habido sorpresas: se ha ratificado tras una segunda votación secreta en la que bastaba la mayoría absoluta y ante críticas de Compromís por haberse celebrado ambas en dos plenos seguidos. Sin embargo, y pese a validar el decreto-ley «ómnibus» que pretende reducir la burocracia en la Generalitat, Vox ha pedido ya desde la oposición -y así se hará tras aprobarlo por unanimidad todos los grupos- que se tramite como proyecto de ley para que se puedan debatir enmiendas a un documento de 187 páginas que elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes de distintas materias. «Se abre la puerta para volver a los tiempos del urbanismo salvaje permitiendo la construcción y urbanización de prácticamente todo lo que queda de la costa y eso es, en realidad, abandonar para siempre el turismo de calidad», ha reprochado la portavoz adjunta de Vox, Ana Vega. Un aspecto del plan estrella del PP -la rebaja de 500 a 100 metros de la distancia del litoral para construir hoteles - duramente criticado también por PSPV y Compromís. La unión de los tres grupos de la oposición ha obligado a los de Mazón a votar -en un giro de última hora- a favor de renegociar con todos ellos ese texto normativo , pese a que su intención era aplicarlo de forma inmediata. Tras el parón veraniego y con el Ejecutivo de Carlos Mazón en minoría, los populares - con 40 de los 99 diputados - deberán buscar apoyos para sacar adelante sus propuestas después de aprobar por la vía de urgencia un paquete de cinco leyes, entre ellas la de libertad educativa o la de concordia, que derogaban las políticas del anterior Ejecutivo tripartito de Ximo Puig. Desde Vox aseguran que no tienen ninguna intención de desestabilizar a Mazón y que apoyarán las medidas que crean positivas, pero el movimiento de este lunes da pistas de que su papel en el Parlamento será muy diferente al ejercido hasta ahora. De momento, los exsocios discrepan en un asunto: la permanencia de Llanos Massó como presidenta de Les Corts . Mientras Vox considera que el pacto postelectoral sellado por ambas formaciones no afecta al legislativo, los populares entienden que, si el acuerdo se ha roto, son ellos los que deberían ostentar ese puesto . No obstante, los dos grupos han votado en contra de la proposición de ley presentada por Compromís para cambiar el Reglamento de la Cámara e incorporar un mecanismo similar a la moción de censura para impulsar cambios en la Mesa con una mayoría cualificada. En la última sesión del pleno antes de las vacaciones también se han validado los decretos sobre las ayudas a los afectados por el incendio del barrio de Campanar, en Valencia, y la prórroga de los descuentos en el transporte público.
