Objetivo: la independencia económica y financiera . Así se plantean ERC y Junts la pugna política contra el Gobierno durante los próximos meses, una vez conseguida la impunidad judicial por la responsabilidad de los hechos ilegales de 2017. Para ello, los independentistas cuentan con la inestimable ayuda del PSC, que para hacerse con la Generalitat de Cataluña, en una legislatura, apuestan también por, como mínimo, dar pasos hacia la soberanía de uno de los motores económicos de España , como es Cataluña. Si hace siete años el secesionismo trató de hacer efectivo un nuevo país en el orden internacional con el referéndum y la declaración de independencia, intento de ruptura fracasado, ahora, el catalanismo, en bloque, aspira a quebrar la 'caja única' (que no es tal, pues a ella no colaboran ni el País Vasco ni Navarra) de la financiación y la solidaridad entre los españoles a través de las regiones. Este lunes se celebra en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la presencia de la consejera del ramo de la Generalitat, Natàlia Mas , que está en funciones desde el 12 de mayo. La asistencia de Mas está motivada, únicamente, porque acude al encuentro de un organismo, uno de los mecanismos de corte más federal que se han creado gracias a la Constitución de 1978, que permite al nacionalismo exponer su deseo y reivindicación de una « financiación singular » para la Generalitat. Es decir, que la administración autonómica catalana tenga «la llave de la caja», recaude y gaste como quiera y, en todo caso y solo de manera temporal, destine una pequeña cantidad de lo que ingrese para la mejora del resto de España. Una aportación que sería voluntaria y cuya última palabra la decidirá Barcelona. Soberanía. Para argumentar esta posición política, que no solo no se critica desde La Moncloa si no que el PSOE está abierto a negociarla (con matices) con los independentistas para que Salvador Illa pueda acceder a la Generalitat , el nacionalismo lleva configurando un relato durante años a través del cual, por un lado, dan a entender que son las autonomías las que pagan los impuestos y que los catalanes reciben menos de lo que aportan por ser o vivir en Cataluña. Con esta premisa se creó hace ya varios lustros la campaña cuyo lema se resumía en « España nos roba », que, entre otros, potenció y difundió un joven Pere Aragonès , ahora presidente de la Generalitat en funciones. En los últimos meses, sobre todo Junts y ERC, pero también Sumar, de la mano de la CUP, han cuantificado este «robo»: 465.000 millones de euros, entre 1982 y 2022 . A la cifra llegan sumando lo que el nacionalismo catalán cree que le corresponde cada año, en función de los impuestos generados por los catalanes, y que el Gobierno no distribuye en Cataluña. «Cada año se van más de 22.000 millones de euros y no vuelven», suele recordar Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Un mecanismo, el de la redistribución de los impuestos, es decir de la riqueza, que, sin embargo, no supone que la comunidad catalana sea la más perjudicada. Madrid la supera. Y la valenciana está peor financiada, según la mayoría de los expertos independientes. Así, sorprendió que, al poco de conocer la noticia de que Mas acudirá este lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para defender ante sus homólogos de las otras regiones que no quieren seguir colaborando en el marco de la financiación colaborativa , desde el Ejecutivo se mostrasen optimistas por su presencia. «Encantada», dijo la ministra del ramo, María Jesús Montero , por la asistencia de Mas. «Lo vivo con satisfacción, lo vivo con normalidad y, por tanto, bienvenida a su casa al Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la misma manera que son bienvenidos todos los consejeros que participen», dijo desde Santander la semana pasada. De momento, el secesionismo consiguió que se perdonara a la Generalitat 15.000 millones de los 73.000 millones que el Govern le debe contabilizados en el Fondo de Liquidez Autonómica . Esta especie de mutualización de la deuda catalana por todos los españoles se extendió al resto de comunidades para evitar una batalla política. Pugna que no ha hecho más que empezar y que, a diferencia de otros asuntos, es suma cero.
