La salida definitiva de Vox de los gobiernos autonómicos que comparte con el PP confirma que el partido ha entrado en una nueva fase de difícil justificación. Este cambio no es un accidente, sino que responde a una estrategia premeditada. Hace apenas una semana, los de Abascal abandonaron el grupo político europeo de Giorgia Meloni, quebrando la lealtad debida con su socia tradicional, para ingresar en el de Viktor Orbán, un político de valores abiertamente euroescépticos que se muestra, además, insólitamente alineado con Putin. El órdago con el que han intentado chantajear al Partido Popular, criticando un pacto migratorio que era ineludible para prestar a Canarias el apoyo debido en la acogida de menores, resulta tan inexplicable que es imposible no vincularlo con la irrupción de la plataforma de Alvise Pérez. La apuesta de Vox resulta tan desesperada que, después de todo, no deja de anunciar un síntoma de debilidad. Este giro abrupto en la política de alianzas de Vox demuestra que el partido no ha tenido templanza ni serenidad como para validarse en el ejercicio institucional de la política. En poco más de un año, una formación política que aspiraba a aglutinar una parte nada desdeñable del voto conservador ha demostrado no contar con la madurez suficiente como para confirmarse como un socio fiable capaz de asumir labores de gobierno. En lo que atañe a la acogida de los menores no acompañados, los postulados de Vox resultan inasumibles ya que todas las comunidades deberían correr al auxilio de cualquier territorio que se encontrara en una situación tan vulnerable como la de Canarias. Un menor sin padres, una vez entra en territorio español, pasa a ser tutelado por el Estado y no existe ninguna alternativa legal o deseable que no sea sumar esfuerzos entre comunidades. Eso, y no otra cosa, es una nación. La apuesta de los de Abascal es absurdamente maximalista y en términos prácticos supondrá un menoscabo en la estabilidad de unos gobiernos que, hasta la fecha, habían funcionado de forma razonable. El PP, por su parte, ha demostrado una notable solidez al mantener su posición en defensa de la solidaridad interterritorial. No aceptar chantajes es, exactamente, lo que se espera de todo estadista y los presidentes autonómicos del PP cuyos gobiernos dependen del apoyo de Vox han tenido la convicción suficiente como para no sucumbir a la coacción. En cualquier caso, hay que recordar que la insolidaridad no es privativa de Vox y tanto ERC como Junts se han servido de una retórica muy semejante a la empleada por Abascal para descartar el pacto propuesto por el Gobierno de Sánchez, este sí, experto en sucumbir a chantajes y a regalar concesiones inadmisibles. Escuchando a unos y otros es obvio que el escándalo que las políticas de Vox suscitan en el Ejecutivo es impostado. Cuando son sus socios independentistas quienes emplean una retórica colindante con la xenofobia, la imaginaria lucha antifascista del PSOE acaba por convertirse en un sospechoso e interesado silencio. Con la ruptura de los pactos de gobierno autonómicos, los socialistas tienen una nueva oportunidad para demostrar su compromiso con la estabilidad política y podrán brindar una alternativa en aquellas comunidades en las que el PP ganó las elecciones. Un gesto de tanta responsabilidad es difícilmente imaginable en este PSOE por lo que el PP tendrá que aprender a gobernar en minoría. Lo que ya habrán constatado los populares es que Vox no es un socio confiable ni tan siquiera solvente a la hora de participar de verdaderas políticas de Estado.
