La Comisión Europea excluyó hace unas semanas de forma sorprendente a España de la lista de países amenazados con un expediente por déficit excesivo pese a tener un desequilibrio presupuestario superior al 3% del PIB, pero su situación continúa siendo delicada y según el grupo de sabios que asesora al ejecutivo comunitario en materia de sostenibilidad fiscal será la gran economía del euro que tendrá que afrontar el ajuste estructural más duro de sus cuentas públicas en el primer periodo de aplicación del nuevo marco fiscal europeo, entre 2024 y 2028. Según el último informe del Consejo Fiscal de Europa, el órgano consultivo independiente que asesora a la Comisión Europea sobre la aplicación de la reglamentación fiscal comunitaria y cada año emite una recomendación sobre el tono contractivo o expansivo que debería tener la política de los países miembro para garantizar el mejor comportamiento económico compatible con la sostenibilidad fiscal, España será solo por detrás de Eslovaquia el país de la zona euro que tendrá que abordar un mayor ajuste fiscal estructural anual en los próximos cuatro años, por encima del que tendrán que realizar otros países con una situación fiscal similar y un déficit público incluso más elevado como Francia o Italia. El grupo configurado por cinco expertos europeos en materia de sostenibilidad fiscal clasifica en su último informe a las economías del euro en función de las necesidades de mejora de su sostenibilidad fiscal con el objetivo de reducir su nivel de endeudamiento por debajo del 60% del PIB a la altura de 2070 y concluye que España será el segundo país del euro que más tendrá que reducir su saldo estructural primario neto de gastos por intereses y medidas de ingresos -el indicador que servirá para evaluar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal en el marco de las nuevas reglas fiscales europeas- en los próximos cuatro años. La fotografía del Consejo Fiscal de Europa estima que ese esfuerzo supondrá duplicar el realizado en el periodo 2013-2019, en línea con los cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y no solo le exigirá reducir el saldo negativo de las cuentas públicas, algo que se podría conseguir tanto generando nuevos ingresos como conteniendo el gasto, sino que deberá acompañarse de una creciente contención del gasto público, que en 2024 está evolucionando de forma más dinámica de lo que preveía la Comisión Europea. El escenario para España que se perfila en el informe difiere del trasladado tanto por el Gobierno de España como por la Comisión Europea. El Ejecutivo se ha empeñado en las últimas semanas en minimizar la magnitud del ajuste que España tendrá que afrontar en los próximos años en sus cuentas públicas y ha sugerido que la reducción del déficit podrá lograrse únicamente aprovechando el creciente flujo de ingresos fiscales que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, con la retirada de las medidas discrecionales de apoyo que se pusieron en marcha durante la pandemia y con la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Autoridad Fiscal. El Consejo Fiscal de Europa tiene otra visión. Considera que la Comisión Europea se ha empleado con demasiada manga ancha en el análisis de la situación fiscal de los países y les ha permitido incumplir sus propias recomendaciones de evolución del gasto público en 2024, lo que considera que no solo tendrá efectos negativos en 2025 sino que genera incertidumbre en torno a la voluntad real del ejecutivo comunitario de hacer cumplir el nuevo marco de reglas fiscales. Le preocupa también el comportamiento de determinados países con desequilibrios fiscales muy considerables según el último monitor sobre la sostenibilidad de la deuda que elabora la propia Comisión Europea y que están señalados por estar en una situación de riesgo alto, entre los que cita a Grecia, Italia, Francia, Bélgica y España, y que no están aprovechando la favorable situación económica para mejorar su diagnóstico fiscal. En este sentido, insta a los países a aprovechar esta situación para «hacer un esfuerzo extra para reducir sus déficits fiscales subyacentes». El informe sugiere que a la luz de su delicada situación fiscal muchos países europeos están realizando un esfuerzo fiscal discrecional muy superior al que se necesitaría dada la coyuntura económica -conviene recordar aquí que España es uno de los países que ha realizado un mayor esfuerzo fiscal tras la pandemia y que aún figura como uno de los que más ha elevado su saldo de deuda pública en esta contingencia- y que debería haberse sido más estricto a la hora de exigir la retirada de esas medidas.
