La paradoja es de manual: una compañía que adeuda al Ministerio de Hacienda un millón de euros es contratada por el mismo departamento a través de la puerta de atrás de dos sociedades filiales. Tanto la empresa matriz, la que tiene cuentas pendientes con el Fisco, como sus dos sociedades comparten accionariado y sede social, lo que no ha impedido que el ministerio que dirige María Jesús Montero la haya seleccionado como contratista para mantener la flota de helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera, por un monto de más de veinte millones de euros. Hecha la ley, hecha la trampa, incluso en un organismo público cuyo afán recaudatorio se ha materializado en genuinas persecuciones y que, en cambio, ignora que los beneficiarios de sus generosos contratos son morosos de Hacienda . El celo con que la Agencia Tributaria fiscaliza las cuentas de los contribuyentes no le impide hacer la vista gorda –todo es legal, pero inaceptable– por causas mayores.
