El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha desmantelado un fraude en el aceite de oliva , que se ha saldado con la detención de una persona y la localización de 642 garrafas con 3.214 litros de oro líquido. El imputado está acusado de falsificación de documentos, delito contra la salud pública, relativo al mercado de los consumidores y a la propiedad industrial, y estafa. La Guardia Civil comenzó la investigación a finales de 2023, tras una inspección en una nave industrial de Valdemoro. Fue donde se hallaron las cantidades ya comentadas, que fueron inmovilizadas al detectarse irregularidades en su etiquetado. Los inspectores de Sanidad de la Comunidad de Madrid tomaron muestras del aceite, declarado como aceite de oliva virgen (AOVE). Unos meses después se recibió el preceptivo informe que confirmaba las sospechas de los investigadores, resultando que se había detectado presencia de aceites de baja calidad y semillas, vendiéndolo a precios inferiores a los del mercado. Paralelamente, por parte del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, se realizó un estudio pormenorizado de toda la documentación que se intervino en el almacén para determinar los destinatarios del aceite referido, así como el origen. Tras identificar al propietario de la empresa que envió el producto, se procedió a su detención, al ser el responsable de la comercialización de dos marcas de aceite fraudulentos. Se le atribuyen los delitos de falsificación de documento público, ya que el etiquetado tiene el código de barras de otra mercantil, un delito contra la salud pública, estafa, relativo al mercado de los consumidores y relativo a la propiedad industrial. Por otro lado, se localizó un almacén en Valdemoro donde se estaban almacenando productos alimenticios de manera clandestina y que llevó a la detención de una persona y a la investigación de cuatro más por delitos relacionados con la comercialización y fraude alimentario. En la nave, la cual operaba sin ninguna licencia , se intervinieron 2.320 litros de aceite, 211 quesos, 104 jamones, 800 kilogramos de chorizo, 500 kilogramos de salchichones y 410 kilogramos de lomo. Visto que los alimentos intervenidos no contaban con ningún tipo de registro sanitario y que además presentaban graves deficiencias en el etiquetado, lo que impedía establecer su origen real y la trazabilidad alimenticia, Sanidad ha decretado la destrucción de la mercancía.
