Pocas horas después de la publicación del duro manifiesto abanderado por Cepyme contra el «intervencionismo» del Gobierno en la empresa, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo , salió al corte de la escalada dialéctica de las últimas horas con una exposición de motivos sobre algunos elementos cruciales de la negociación para la reducción de jornada que dista de las tesis que el Ministerio de Trabajo trata de implantar. Lejos de la versión más dura -a ojos de los empresarios- del recorte a 37,5 horas semanales de trabajo que se pretende aprobar para su entrada en vigor en 2025, el Ministerio de Economía se alinea en cierta medida con algunos de los planteamientos de la patronal. Como la necesidad de abordar la medida en un marco temporal más amplio que el fijado en el y con distinciones en función de los sectores, llegando incluso a articularse mecanismos de compensación en estas actividades más afectadas con un incremento de la bolsa de horas extraordinarias disponible. Precisamente, este es uno de los primeros planteamientos que los empresarios han puesto sobre la mesa tripartita, tras haber retomado el Ministerio de Trabajo las riendas de las negociaciones. Apuntaba un reciente estudio publicado por Fedea que sería necesario al menos un plazo de adaptación hasta 2026 para evitar un embudo de renovaciones de convenios colectivos que forzaría la aprobación de las 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025. Las fuentes de la patronal consultadas por ABC plantean que la vía que menos trastorno generaría sería que el periodo de adaptación fuera hasta la actualización de los convenios pero una vez vayan caducando. «Se haría de una forma ordenada», sugieren los empresarios. En un entrevista radiofónica el ministro de Economía aseguró también ser «consciente» de que no todos los sectores se van a ver afectados de igual manera por el recorte de jornada. «Sectores como el comercio , hostelería , construcción , agricultura se verían afectados en mayor medida , así como las pymes», señaló sobre otra queja de los empresarios en la mesa de diálogo social que está dirimiendo la reducción de jornada. Sin embargo, por el momento, el Ministerio de Trabajo no contempla ningún tipo de singularidad en función de los sectores o actividades concretas a la hora aplicar el marco de las 37,5 horas sin merma salarial. Así, señalan desde Cepyme que la hostelería, el comercio y el campo serían tres segmentos de actividad en los que más impactaría la medida al contar con un mayor volumen de asalariados por encima del nuevo límite legal de jornada. Concretamente, afectaría a más del 96% de los trabajadores de estos sectores. Más allá, sin hacer referencia alguna a los diversidad de los negocios el borrador del anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo al que ha tenido acceso ABC sólo deja cierto espacio al instar su negociación por convenio colectivo pero bajo la premisa de obligatoriedad de no rebasar las 37,5 horas bajo ningún concepto. «Mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se articularán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta norma, en particular, respecto de la duración máxima de la jornada de trabajo y el registro de jornada». En lo que el gabinete de la vicepresidenta Yolanda Díaz fija un límite legal, pero sin dar margen a ningún sector en específico. Por otro lado, Economía ve como puntos que podrían negociarse el tiempo de implementación, posibles bolsas de horas adicionales en sectores o en empresas más afectadas. «O en empresas que se vean particularmente afectadas o casos de empresas que tengan contratación con la Administración Pública y que, por lo tanto, tengan una mayor rigidez a la hora de poder adaptarse», señalaba Carlos Cuerpo. Según Cuerpo, todos estos aspectos se debe tener en cuenta «y se va a tener en cuenta» precisamente para conseguir que esta reducción se haga compatible con la mejora de la productividad de las empresas. Lo importante, según el ministro, es encontrar el punto de equilibrio para que haya un efecto positivo. En este sentido, Cuerpo cree que existen suficientes márgenes y «manijas de flexibilidad» para intentar llegar a ese acuerdo. Sobre estas palabras, el presidente de ATA, Lorenzo Amor , celebró la sensibilidad del Ministerio de Economía, pero ve «difícil» llegar al acuerdo si el resultado ya está predeterminado. «Lo que estamos encontrando, lo que nos están proponiendo, es un resultado final», aseguraba Amor en la celebración de una jornada sobre emprendimiento , poniendo de ejemplo que los empresarios no plantean a los sindicatos un convenio cerrado con una subida salarial y «le decimos firma aquí». «Eso es una imposición», sentenció. Cabe recordar que el Gobierno no incluyó en la primera versión del borrador este punto que sí había sido trasladado por los representantes de CEOE y Cepyme como una medida compensatoria para mitigar el impacto económico de la reducción 'a las bravas' de la jornada laboral. En este momento están topadas en 80 horas extraordinarias anuales, y unas de las líneas de negociación sugiere un aumento de esta bolsa que no obligue a adoptar mediadas más costosas como la contratación de nuevos trabajadores -principalmente a tiempo parcial y fijos discontinuos para tapar los huecos de las horas que se dejan de trabajar- o menos productivas como la ampliación de los periodos de vacaciones remuneradas. En cualquier caso, desde la patronal sugieren que el traje completo que pretende entallar la vicepresidenta del Gobierno en el Estatuto de los Trabajadores sería una espada de Damocles para las pequeñas y medianas empresas , especialmente aquellas de menos de diez trabajadores donde la reestructuración interna de la plantilla para adaptar el nuevo horario abocaría de forma casi obligatoria a contrataciones que amenazan la viabilidad de muchos negocios. «La mitad de las pymes declaró perdidas en el pasado ejercicio», señalaba sobre este aspecto el presidente de ATA. Con todo, parece que el Gobierno volverá a tender la mano a la patronal en un último intento por incluir a los empresarios en la negociación de reducción de jornada que parecía prácticamente rota a comienzos de la semana. El alarido de los pequeños y medianos negocios en el Manifiesto de Cepyme y la sensación de que el Ejecutivo iba articular la medida en la peor versión para los empresarios, con un coste de 42.000 millones de euros para el tejido productivo, de los que 12.000 millones sería desembolso directo a modo de incremento salarial encubierto por el recorte de horas. Vamos a hacer nosotros, lo que no hacen ellos, y vamos a ver cuál es su vocación negociadora«, señaló Yolanda Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, a la vez que señaló que se va a hacer esa propuesta »para que vean que la vocación del Ministerio de Trabajo no es sólo dialogar, sino alcanzar un acuerdo«. Así, teniendo en cuenta el deslizamiento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre los puntos en los que el Gobierno podría modificar la oferta de la reducción de jornada que pretende el Ministerio de Trabajo, cabría esperar movimientos sobre el periodo transitorio de adaptación -CEOE y Cepyme señalan 2026 como un plazo razonable- o con distinciones para algunos de los sectores que se verían más tensionados.
