La inmigración es, sin duda, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa en su conjunto y, de forma más específica, los países que reciben un mayor número de personas irregulares como son Grecia, Italia, Malta y España. La circunstancia actual reviste una enorme gravedad, tanto por el drama que acontece en los lugares de origen como por la tensión a la que se exponen las fronteras de los países de llegada, que cada vez tienen más problemas para gestionar diligentemente el desembarco masivo de seres humanos que llegan en circunstancias de extrema vulnerabilidad. El trato humanitario y la protección de la dignidad de las personas debe hacerse compatible con el correcto control de las fronteras y con el escrupuloso cumplimiento de las leyes de extranjería. Un reto de tantísima complejidad exige, además de recursos, una voluntad política realista, ambiciosa y desprovista de prejuicios o demagogia. El PSOE ha teatralizado una impostada indignación ante la posibilidad expuesta por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, de que las Fuerzas Armadas asuman un papel activo en la protección de nuestras fronteras. Lo que para los socialistas supone un escándalo intolerable no es más que una opción que ya activó en su momento el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En circunstancias concretas, el Ejército puede cooperar en la custodia de las aguas internacionales. En 2006, por ejemplo, tres patrulleras y tres aeronaves de la Armada colaboraron en la vigilancia de las islas Canarias, siendo ministro de Defensa José Bono. Las operaciones que se llevaron a cabo en países como Mauritania, Senegal o Mali en aquel tiempo demostraron la necesidad de movilizar cuantos recursos tenga un Estado para hacer prevalecer la ley y satisfacer, con todas las garantías humanitarias debidas, el control fronterizo. Ningún ejército moderno está concebido para desempeñar exclusivamente labores militares de guerra y en momentos puntuales, como en las catástrofes naturales o en coyunturas de excepción, la activación de esta posibilidad puede hacerse imprescindible. El PSOE finge desconocer esta realidad, que por lo demás es obvia, y lo hace sobre un historial en la gestión migratoria especialmente decepcionante. El Partido Socialista, y más específicamente el ministro del Interior, fueron los responsables de la catastrófica gestión de la valla de Melilla acontecida en junio de 2022, en la que murieron injustificadamente decenas de personas. Un año antes, en 2021, España había devuelto en caliente a 55 menores desde Ceuta a Marruecos, una práctica que fue declara como ilegal por el Tribunal Supremo. Para el recuerdo también quedarán las palabras de José Luis Ábalos en 2018, cuando justificó el cambio de actitud del Gobierno con respecto al Aquarius señalando que nuestro país no puede convertirse en el salvamento marítimo de Europa. España, afortunadamente, tiene capacidad para gestionar de forma responsable su inmigración. Ejemplos cercanos como el de Francia nos demuestran que un error en la planificación y acogida de los flujos migratorios puede generar nuevos problemas que acaban potenciando fracturas sociales y respuestas populistas a un lado y otro del espectro ideológico. El desafío es grande, pero si enfrentamos el problema con realismo, eficacia, humanidad y sin prejuicios, movilizando cuantos recursos tenga a mano el Estado, y el Ejército es uno de ellos, nuestro país está a tiempo de resolver con un éxito razonable uno de los retos de nuestro tiempo.
