España necesitaría hasta 23 años para proporcionar teleasistencia a toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio y en 2023 vio reducida en un 1,05% la cuantía de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que pasó de una media de 239 euros al mes en 2022 a 236,49 el pasado ejercicio. Son algunas de las conclusiones más llamativas que arroja el Índice DEC 2023 que publicó este jueves la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de cuya presidencia se despide José Manuel Ramírez. El mismo índice apunta, además, que la participación de las comunidades en la financiación del sistema ha aumentado 3,3 puntos en los dos últimos años y el gasto en servicios sociales por habitante en 2022 fue de 512 euros. A juicio de la asociación, su informe «pone de manifiesto el escaso desarrollo y evolución en la última década de los servicios sociales domiciliarios o complementarios del domicilio», lo que «requiere un importante compromiso económico» para «avanzar» en los objetivos de desinstitucionalización anunciados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el marco de su 'Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)', que cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 1.323 millones de euros comprometidos en una serie de actuaciones hasta el año 2027 y, según el ministro Pablo Bustinduy, implica un viraje hacia un modelo de cuidados «personalizados y de proximidad». Tras puntualizar que País Vasco, Navarra y Castilla y León «se confirman como las comunidades con mejor calificación de sus servicios sociales», la asociación precisó que el estudio constata que el sistema está «ampliamente consolidado», ya que todas las comunidades tienen ley que reconoce derechos subjetivos, 13 de las 17 tienen un catálogo de servicios que «desarrolla y concreta» estos derechos y 15 comunidades tienen integrada la atención a la dependencia en sus servicios sociales. «La asignatura pendiente para siete comunidades es la planificación, ya que sólo diez tienen un plan estratégico o mapa de cobertura», apostillan desde la asociación, para advertir de que, aunque la «mayor parte» de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios, en concreto 9 de 14, «mejoran» respecto al año anterior, resulta «preocupante» el «escaso» desarrollo de los servicios que, a su entender, «deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización» aprobada por el gabinete de Bustinduy. Por capítulos, el informe destaca que la cobertura del servicio de ayuda a domicilio «apenas ha variado desde el año 2010», del 4,7% al 5,5% de personas mayores de 65 años y el 7,6% si la referencia es sobre mayores de 70 años. «Su intensidad es también muy baja, con una media de 20,2 horas mensuales, sólo 3,3 horas más que en 2010, y casi una hora menos que en 2012», agregó, para explicar que, si se tiene en cuenta solo la ayuda a domicilio que se ofrece como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es de 33,6 horas/mes; 15,3 horas para los dependientes Grado I; 37,1 para los Grado II y 57,3, para los Grado III, con «apenas» dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que juzgó «claramente insuficiente« puesto que se trata de personas que necesitan »apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria». En paralelo, la asociación asevera que la cobertura de los centros de día muestra «una escasa o nula evolución» , ya que, desde 2010, se mantiene, con una «ligera reducción» de ocho centésimas, en un 0,7% de las personas mayores de 65 años y un 0,96% si la referencia son las personas mayores de 70 años, lo que, bajo su punto de vista, «muestra que sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada, casi marginal». Por su parte, la teleasistencia es el «único servicio» que muestra una «cierta evolución» en estos 12 años, con un aumento de 2,1 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 10,2% de las personas mayores de 65 años y el 14,1% sobre personas mayores de 70 años. «Sin embargo, el Plan de Choque para la dependencia se marcó como objetivo establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiaría toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio», recordó, para indicar que en 2023 «solo aumentó en 37.825 servicios de teleasistencia, quedando 760.000 personas por alcanzar la cobertura del 100%», lo que, según sus cálculos, «significaría que, a este ritmo, se necesitarían 23 años para alcanzar el objetivo previsto». Según los últimos datos, correspondientes a mayo de este año, solo hay 479.492 personas con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%), pese a que, según advirtió la asociación, «se planteaba alcanzar el 100% en diciembre de 2022». «Para completar este desalentador panorama de los servicios domiciliarios, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que contempla el Catálogo de la Dependencia ha reducido su cuantía un 1,05%, pasando de una media de 239 euros al mes en 2022 a 236,49 en 2023», sentenció. El informe desvela también que desde 2014 se «incrementa» el gasto que realizan las administraciones públicas en servicios sociales y que en 2022 este incremento fue un 10,7% superior al del año anterior. También se incrementa casi un punto el porcentaje del presupuesto que las administraciones destinan a servicios sociales, pasando del 9,27% en 2021 al 10,24% en 2022, si bien el porcentaje del PIB que supone este gasto se reduce por segundo año consecutivo y se sitúa en un 1,81%. Por su parte, la participación de las comunidades en la financiación del sistema ha aumentado 3,3 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es «claramente decreciente», dado que ese año era 85,3% y en 2022, de 12,6 puntos menos (72,7%). «El incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de dependencia , con 600 millones más cada año, que repercute en el presupuesto de las comunidades», prosigue el informe, que también alerta de que «año tras año se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre territorios», que, lamentó, «suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia». De este modo, exceptuando las comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 961,9 euros de gasto por habitante en servicios sociales, se observan «diferencias importantes», por ejemplo, entre Extremadura, con 633 euros, un 72,6% más que en Murcia, con 366,8 euros, teniendo en cuenta, además, que el porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas extremeñas destinan a servicios sociales (2,96%), triplica el que destinan las de la Región de Murcia (1,02%). «Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios », denunció, ara poner como ejemplo que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es más de ocho veces superior al de Navarra (684) o que el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (59,49%) es «casi 100 veces superior al de Castilla-La Mancha» (0,63%). A su vez, el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores de 70 años es 4,7 veces superior en Castilla y León (8,22%) que en Valencia (1,76%), Andalucía, con un 13,24%, ofrece una cobertura 21 veces mayor de ayuda a domicilio que Extremadura (0,62%) y el 23,4% de las personas mayores de 70 años tienen teleasistencia domiciliara en Castilla-La Mancha, diez veces más que en Extremadura (2,15%).
