Sobre el papel, casi nadie se opondría a que técnicos y científicos autónomos orientaran a los gobiernos en la toma de decisiones públicas. Con un eslogan similar, Pedro Sánchez presentó hace unos días la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) por la que unos 50 investigadores se incorporarán a la Administración: habrá un asesor permanente en cada ministerio y también se realizarán estancias con una duración de seis a ocho meses. El plan parece perfecto, con una salvedad: el sueldo lo paga Moncloa. La libertad investigadora se puede ver amenazada, los criterios de selección no terminan de quedar del todo claros y sabemos del uso propagandístico que suele hacer el presidente de este tipo proyectos. El precedente, además, no resulta...
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