El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un nuevo estado de excepción focalizado por la oleada de violencia por parte de grupos criminales, si bien el Tribunal Constitucional ya tumbó las declaraciones anteriores al señalar que no había presentado argumentos válidos para que fuera legal su establecimiento. Las provincias afectadas por esta medida –la mayoría en el oeste del país– son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro. También afectará al cantón Camilo Ponce Enriquez de la provincia de Azuay. El estado de excepción tiene una vigencia de 60 días y se aplica «por grave conmoción interna y conflicto armado interno», reza un comunicado. Según la Presidencia, este decreto «cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas, institución que –en su calidad de observadora jurídica– elaboró un informe que concluyó que el documento se ajusta al marco constitucional». «Con esta decisión, Noboa fortalecerá las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, precautelando el bienestar y la seguridad ciudadana de todo el país, especialmente en estos sectores», ha concluido. El Constitucional tumbó los anteriores estado de excepción alegando que no tenía argumentos válidos para justificar la causa de conflicto armado interno. En esta ocasión, el documento de 49 páginas dedica las primeras 45 a la exposición de motivos, entre los que se incluye «el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados». Por ello, ordena suspender los derechos de inviolabilidad de domicilio para realizar registros por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. También queda suspendido el derecho de libre asociación y reunión «en estricta relación a los motivos del estado de excepción», según informa el periódico 'Primicias'. La actual situación de violencia e inseguridad en Ecuador estalló después de que el 7 de enero se conociera la fuga de Adolfo Macías, alias 'Fito', cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un «conflicto interno armado» debido a la actividad de grupos armados, considerados a partir de ese momento como «terroristas».
