La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para recurrir el acuerdo de subida salarial firmado el 11 de abril por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para los funcionarios de los órganos judiciales al considerar que «excluye» al personal andaluz al estar las competencias delegadas a la comunidad autónoma. El primer paso ha sido el requerimiento remitido al Ministerio y, posteriormente, si no se anula el acuerdo salarial la Junta de Andalucía planteará un recurso contencioso-administrativo. El acuerdo de abril de 2024 fue firmado por el Gobierno de España con los sindicatos UGT y Csif para aplicar una subida salarial al personal de los órganos judiciales. Sin embargo, según la interpretación de la Junta de Andalucía, afecta sólo a los profesionales de comunidades autónomas en las que no estén transferidas las competencias, como es el caso de Andalucía. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública anunció esta decisión al propio Ministerio durante la Conferencia Sectorial celebrada el 21 de junio en Zaragoza , y también informó de esta decisión al Pleno del Parlamento de Andalucía y en una reunión celebrada con las organizaciones sindicales. El acuerdo entre el Ministerio, CSIF y UGT sólo afecta a 10.328 funcionarios de Justicia de los 39.500 que hay en España, 8.212 de ellos en los juzgados de Andalucía, la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, por tanto, con más profesionales, por lo que se ve «especialmente perjudicada». La base de las reclamaciones salariales de los sindicatos y de la subida acordada está en los cambios que supondrán las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia que se están tramitando en el Congreso de los Diputados y que afectarán a los trabajadores de todo el país, por lo que el Gobierno andaluz sostiene que el incremento debe recaer en el complemento general del puesto (común a todos) y no en el complemento específico (que negocia cada comunidad para su personal y el Gobierno central en el 'territorio Ministerio'). Además, la Junta de Andalucía recuerda que el propio Gobierno reconoce en el Real Decreto que recoge esta subida el impacto que tendrán los cambios organizativos en todo el personal de la Administración de Justicia de todo el país, con el incremento de funciones y tareas y la asunción de nuevas responsabilidades que deben conllevar el reconocimiento profesional y retributivo. Así, para la Junta de Andalucía, el Ministerio «no se ajusta a derecho y perjudica» los intereses de las comunidades con las competencias transferidas, ya que ha acordado la subida en el complemento específico, es decir, sólo para sus funcionarios, aunque los cambios afecten a todos por igual con independencia de en qué comunidad trabajen . El requerimiento destaca la «inadecuación» del concepto retributivo y la vulneración del principio de igualdad entre comunidades autónomas con competencias transferidas y el principio de igualdad de todos los españoles que prestan servicio en estos territorios. Además, el Gobierno andaluz considera que el acuerdo es «nulo» porque «infringe» el artículo 516 de la Ley Orgánica 6/1985 , de 1 de julio, del Poder Judicial, y su normativa de desarrollo, ya que no se ha seguido el procedimiento adecuado para negociar y acordar el incremento salarial al haberlo hecho en la Mesa Delegada y no en la Mesa General, pese a que las condiciones que lo justifican afectan a los funcionarios de todo el país, y todo ello para no tener que aumentar la transferencia del sistema de financiación. No se ha llevado a cabo una valoración de las condiciones particulares de los puestos que legitime la subida del complemento específico El acuerdo salarial acordado por el Ministerio con los dos sindicatos se produce tras las subidas retributivas de entre 430 y 450 euros mensuales aprobadas para los letrados de la Administración de Justicia y a los jueces y fiscales el año pasado tras las huelgas de ambos colectivos. Los sindicatos reclamaron una subida también para los funcionarios de Justicia en el complemento general del puesto, aplicable en todo el territorio nacional, por la transformación de la Administración de Justicia prevista en las leyes de eficiencia.
