Trece años después de que estallara el caso de los ERE, la Junta de Andalucía admite que sólo ha recuperado 27 millones de euros en los distintos procesos iniciados que tenían como objetivo reingresar en la Administración autonómicas 679 millones de euros a través de procesos iniciados en distintas vías judiciales y administrativas. Ahora, a todas las dificultades existentes, la Junta de Andalucía asume que se añade una más: la sentencia del Tribunal Constitucional que revisa por primera vez la aplicación del delito de malversación a una de las personas condenadas por el Tribunal Supremo. Esta vía se extenderá ahora al resto de los condenados que presentaron recursos de amparo, entre ellos, el expresidente andaluz, José Antonio Griñán. «La eliminación de los delitos de malversación puede poner en riesgo que se recupere el dinero perdido , que es el último fin que persigue la Junta de Andalucía. No se trata de meter a nadie en la cárcel, pero queremos que el dinero que se defraudó y era de los parados andaluces vuelva a los parados andaluces. », explicó el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco. En este sentido, e instantes después de conocer la primera sentencia del Tribunal Constitucional que revisaba la aplicación del delito de malversación , el portavoz del Gobierno andaluz volvió a cuestionar al Alto Tribunal, dividido de nuevo en esta sentencia entre magistrados conservadores y progresistas: «¿Alguien podía tener duda de lo que iba a decir el Tribunal Constitucional? Goza ya de un descrédito absoluto por la injerencia del Gobierno de España».
