Un informe interno realizado por el Gobierno durante la última etapa de Mariano Rajoy, en 2017, identificó hasta 130 medidas en la legislación española que inhibían el crecimiento empresarial bien porque proporcionaban mayores ventajas a las empresas de menor tamaño o bien porque introducían nuevas obligaciones administrativas a la que se ganaba una cierta dimensión. Cuatro años después, un informe de la patronal Cepyme concluyó que aún permanecían vigentes hasta un centenar de disposiciones que actuaban como barreras al crecimiento. Partiendo de ese diagnóstico y de las constantes recomendaciones de la Comisión Europea en orden a remover esas especificaciones regulatorias favorables a las pequeñas empresas, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó dentro del Plan de Recuperación una norma, la conocida...
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