Ni una palabra en público ha querido pronunciar este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, cuando casi a la vez que su comparecencia semanal en la sede socialista de Ferraz se ha conocido la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) que rechaza aplicar la amnistía a los delitos de malversación relacionados con el 'procés', por los que está encausado, entre otros, Carles Puigdemont , y por los que se condenó, también entre otros, al líder de ERC, Oriol Junqueras. Peña ha evitado contestar a los informadores ante la premura de una noticia que se acababa de conocer. Sin embargo, la dirección de los socialistas sí ha trasladado a través de un comunicado a los medios su posición, contraria a lo que ha deteminado el Alto Tribunal. Los socialistas manifiestan su «respeto» por las decisiones judiciales, aunque dejan muy claro su discrepancia sobre lo dicho por el TS. «Conviene recordar el clarísimo artículo 1.4 de la ley de amnistía: 'No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». Y a eso añaden que «en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la Unión Europea». El PSOE, por otra parte, considera «sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tiene encomendada» las «consideraciones políticas que ha hecho el Tribunal Supremo». Un razonamiento que consluye así el partido liderado por Pedro Sánchez: «Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas». Los socialistas sólo ven un aspecto positivo en lo dictaminado este lunes por la Sala Segunda del TS, hasta el punto de considerar una «buena noticia que no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea». Todo ello porque, concluye el PSOE, el Supremo «no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el Tribunal Supremo renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
