El periplo de las cientos de afectadas por las grabaciones de las fiestas de la Maruxaina para llevar a los responsables de estos vídeos al banquillo no está siendo ni fácil, ni corto. La pasada semana el caso avanzó con la conclusión de la investigación iniciada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro, que ordenó que se continúe con los trámites del procedimiento abreviado frente a un único sospechoso. La magistrada trasladó las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas —entre ellas, la Asociación Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei)— para que en el plazo de 10 días solicitasen la apertura de juicio oral con sus correspondientes escritos de acusación, el archivo de la causa o, incluso, la práctica de diligencias complementarias. Y a esta última opción se agarró el abogado de Bumei, Xosé Manuel Olveira, que el pasado viernes pidió al juzgado que se suspenda el plazo para la presentación del escrito de acusación, porque «hay una nueva diligencia». En conversación con ABC, el letrado explica que la junta directiva de Bumei decidió agotar la última bala que les quedaba para dar con los responsables de colgar los vídeos robados a un centenar de mujeres que fueron grabadas mientras hacían sus necesidades en la fiesta de la Maruxaina de 2019 y cuyas imágenes siguen circulando por webs de contenido pornográfico, algunas de ellas de pago. Ese último cartucho consiste en la elaboración de un informe pericial, que ya ha sido solicitado a una empresa especializada, para rastrear las identidades de las personas que subieron esas grabaciones a la red y las pusieron en movimiento. Cuando la Policía Judicial de la Guardia Civil los informó de que sus indagaciones no estaban teniendo resultado, explica el abogado, Bumei contactó con una gabinete técnico informático que realizó un informe preliminar «en el que les fue posible abrir vías de investigación para encontrar a cinco o seis posibles responsables de los hechos». Esta empresa afincada en Andalucía, explica, «fue capaz de rastrear los movimientos informáticos y digitales que se realizaron para subir las imágenes a las páginas pornográficas», lo que allana el camino para ponerles cara a los culpables. El problema a la hora de solicitar el estudio completo radicaba en el dinero que las víctimas debían desembolsar, unos 7.000 euros, de los que la asociación no disponía en aquel momento. Para conseguirlos, el letrado pidió al juzgado que preguntase a las personadas si estaban dispuestas a contribuir —el coste era de poco más de 60 euros por persona— pero «no hubo respuesta ni del juzgado ni de ellas». «Veía que esto iba hacia un pozo, insistí, pero no recibimos contestación por parte de nadie», relata para zanjar que, finalmente, será Bumei la que asuma el coste del informe, en el que ya están trabajando los técnicos de la empresa Cuántica 14, «al 100 por cien». La pelota, por tanto, está de nuevo en el tejado del juzgado de instrucción, que deberá responder afirmativamente y con diligencia a la petición del letrado, que deja en 'stand by' el plazo para la presentación del escrito de acusación. «Hay una nueva diligencia, para la que pedí un plazo de un mes. Es el modo de identificar a los responsables para que se los llame a declarar en calidad de investigados y en un futuro acusarlos con pruebas más fundadas», sostiene la acusación popular, que empieza a mirar el reloj con prisa. La razón es que los delitos cometidos podrían caducar el próximo mes de agosto, al cumplirse cinco años de los hechos, si antes no se identifica a los responsables con nombre y apellido y se les da condición de investigado. Acerca de la única persona señalada por ahora en la causa, el letrado de Bumei es pesimista. Asume que los indicios contra él son «muy endebles» y duda incluso de que se pudiera llegar a juicio con la poca carga acusatoria que existe a día de hoy. Al margen de la carrera judicial por dar con los autores de las grabaciones y sentarlos en el banquillo, el caso de las grabaciones de A Maruxaina tiene otra deriva mucho más difícil de despejar. Se trata de los vídeos que siguen colgados en algunos portales web y que las empresas americanas que están detrás de ellas no facilitan eliminar. La falta de colaboración por parte de EE.UU., precisamente, impidió a la justicia española emitir una orden para que eliminasen el material porque era imposible dar con los responsables que gobiernan esas páginas. Entonces, ¿podría darse el caso de que los responsables de los vídeos sean condenados, pero la imagen del centenar de mujeres que filmaron queden circulando por la red por los días de los días?. El abogado que pelea desde hace años para llevar el caso a juicio lo tiene claro: «Sí, podría. A pesar de la condena, es el mundo digital la justicia española puede llegar hasta donde puede llegar, por lo que el daño causado podría persistir».
